#Editorial La verdadera criminalización de la protesta, Correa y su persecución a los 10 de luluncoto.
El gobierno de Noboa enfrenta el paro nacional convocado por la CONAIE con una mano dura. La Fiscalía ha iniciado investigaciones contra dirigentes como Marlon Vargas, Leonidas Iza y Guillermo Churuchumbi por presuntos d3litos de instigación, enriquecimiento ilícito y terr0r1sm0, que podrían acarrear penas de hasta 30 años de cárcel. El presidente ha tildado los actos violentos de "actos de terr0r1sm0 disfrazados de protesta", en el marco de un conflicto desatado por la eliminación del subsidio al diésel.
Esta retórica y acciones legales son ahora denunciadas por los seguidores Correa como una persecución política. Exigen el archivo de los procesos, argumentando que se criminaliza un derecho legítimo. No obstante, esta postura implica una conveniente amnesia histórica. Durante el gobierno de Correa, se persiguió y judicializó a líderes sociales que protestaban de manera pacífica, con casos emblemáticos como el de los "10 de Luluncoto".
La contradicción es evidente: lo que condenan en el otro, lo justificaron en sí mismos. Esta doble moral debilita su credibilidad y revela que su defensa de la protesta obedece más a una estrategia de oposición política que a un principio democrático invariable. Una auténtica defensa de los derechos humanos debe ser coherente, sin importar quién esté en el poder. El verdadero cambio no radica en permitir el derecho a la protesta pero diferenciarla de actos de vi0lencia y paralización que hoy solo genera pérdidas para todos los ecuatorianos.
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