¿DEMOCRACIA O DICTADURA?

El Art. 136 de la Constitución ordena: “Los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia y serán presentados a la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional con la suficiente exposición de motivos, el artículo que se proponga y la expresión clara de los artículos que con la nueva ley se derogarían o se reformarían. Si el proyecto no reúne estos requisitos no se tramitará.”

Sin embargo, en la “Ley Orgánica de Integridad Pública”, difundida en el tercer suplemento del R. Oficial 68, del 26 de junio del 2025, en 163 páginas, modifica VEINTIÚN (21) LEYES, de distintas materias, y que son las siguientes:

1. Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública. 2. Ley Orgánica del Servicio Público. 3. Código Orgánico Monetario y Financiero. 4. Código Orgánico Integral Penal. 5. Ley Orgánica de Solidaridad Nacional. 6. Código Orgánico General de Procesos. 7. Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. 8. Código Orgánico Administrativo. 9. Ley Orgánica de Empresas Públicas. 10. Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. 11. Ley de Creación de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales. 12. Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 13. Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleos. 14. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 15. Código Tributario. 16. Código Orgánico de la Función Judicial. 17. Código Orgánico de Movilidad Humana. 18. Ley Orgánica de la Función Legislativa. 19. Ley de Hidrocarburos. 20. Ley de Seguridad Social. 21. Ley Orgánica de Servicio Exterior.

La Corte Constitucional debería en derecho declarar la nulidad, por la forma y el fondo, de esta ley modificatoria de 21 leyes, así como de otras que del mismo modo violan la Constitución, que no son ni económicas ni urgentes, y pedir que el gobierno respete la constitución.

El Art. 140, inciso segundo, de la Constitución, consagra: “Mientras se discuta un proyecto calificado de urgente, la Presidenta o Presidente de la República no podrá enviar otro, salvo que se haya decretado el estado de excepción.” Regulación que tampoco cumple, pues envió tres proyectos “económicos urgentes” simultáneos que se publicaron así: 1) El 10 de junio la “Ley Orgánica de Solidaridad Nacional”, nombre cambiado del original que, en forma pomposa e inexacta, decía “Proyecto de Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno”. 2) El 11 de junio, en el S del R. Oficial Nro. 57, la “Ley Orgánica de Inteligencia” medio para desatar persecución y represión social, violando derechos constitucionales y prescripciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos contra toda la población y no solo grupos al margen de la ley. 3) El 26 de junio, en el 3S del R. Oficial 68, en 163 páginas, “La Ley Orgánica de Integridad Pública”.

En vez de respetar la Constitución el gobierno convoca a una marcha para exigir que la Corte Constitucional la viole. Preguntamos: ¿Tenemos un monarca dirigiendo la República? ¡Suponíamos que nadie está sobre la constitución y la ley!

Diego Delgado Jara

 

 

 

 

La noticia más triste de todas. Ha muerto Miguel Uribe, ha sido asesinado. Lo mataron por intentar salvar a su país, por advertir de esta catástrofe. La situación en Colombia no da para más, el país ha vuelto a los peores momentos de su historia.

 

JOSÉ SERRANO YA VISTE DE NARANJA Y SIGUE DETENIDO EN LA PRISIÓN DE MEDIANA SEGURIDAD "KROME". El exministro del Interior, José Serrano, sigue detenido desde el jueves 7 de agosto en Estados Unidos por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduana, está aislado en el Centro de Procesamiento Krome, una instalación federal de detención y procesamiento de inmigrantes.

 

Dos voces claras y valientes que fueron acalladas por políticos impotentes de luchar contra ideales prístinos e irrebatibles.

 

 

 

El Dato Ec

@ElDatoEcua

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18h

#ElDato ¿Alcaldesa o alcalde?, el vacío legal de la constitución correísta de Montecristi. La Constitución de Montecristi, diseñada bajo el mando de Rafael Correa, se ha convertido en una puerta abierta para privilegios insólitos y situaciones tan surrealistas que parecen sacadas de un guion de comedia política. El reciente caso del alcalde de Pujilí, José Arroyo, quien figura en su cédula como mujer y ahora disfruta de los beneficios carcelarios correspondientes, es la prueba más clara de cómo la normativa correatista ha deformado la realidad jurídica y social del país. ¿Quién iba a pensar que un alcalde podría “cambiar de género” para evitar las incomodidades de una celda común? Este absurdo no solo genera confusión sino que evidencia una peligrosa manipulación del sistema que permite que quienes se autodefinen de forma caprichosa reciban tratos preferenciales. Arroyo, bajo esta extraña figura legal, se pasea ahora entre las internas, con todos los privilegios y la “protección” que eso conlleva, dejando a la ciudadanía preguntándose si estamos ante un avance en derechos o una burla institucional de proporciones épicas. Y mientras tanto, la Constitución creada por Correa se ríe desde su pedestal, orgullosa de su “modernidad” y su “respeto a la identidad”. Es hora de preguntarnos cuánto más debemos tolerar esta pantomima constitucional que no solo vulnera la lógica, sino que abre la puerta a privilegios absurdos y pone en jaque la justicia y la igualdad. La Constitución de Montecristi no es solo un texto legal: es la gran excusa para convertir lo irracional en ley, y ahora, para que un alcalde detenido juegue el comodín de género para obtener un tratamiento preferencial en prisión. ¿Cuántos más se aprovecharán de este circo legal antes de que el país despierte?

 

 

 

 

 

 

SERRANO DETENIDO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

 

 

CORREÍSTAS INFILTRADOS EN LA MARCHA

"Los oportunistas son personas que ven la oportunidad de sacar ventaja de una situación, a menudo a costa de la ética o la moral .

Por Jaime Cedillo F

Vaya, vaya, qué lindo, de promotores de la destrucción de las fuentes de agua, de los páramos, de la naturaleza, los que ayer aplaudían a la empresa extranjera para que se lleve el oro y nos deje agua contaminada. Que pronto se olvidaron que el hoy prófugo de la justicia, Rafael Vicente Correa Delgado, llegó en helicóptero, rodeado de adulones, para visitar Quimsacocha, para decir que las fases de exploración y explotación va porque va, y el que se opone irá preso, y así se fue amenazando a los campesinos que viven y cuidan el páramo, a las comuneros que luchan diariamente por preservar la flora y fauna, en medio de la lluvia, del frío y de la pobreza. Ellos son los verdaderos héroes, los que bajaron del cielo, son los villanos.

Y, allí estaban los hipócritas, los oportunistas, los pescadores a río revuelto, en la marcha que lideró el Cabildo por el Agua, por las calles del Centro Histórico de Cuenca, en defensa de la vida, en contra de la minería, del gobierno minero, y de la ministra no grata, para decir con el puño levantado y alzando la voz, para que esa voz que no desmaya, que no claudica, que no se rinde, llegue hasta Carondelet, para que escuche Noboa, para que sepa que el pueblo cuencano está en pie de lucha, que no vamos a decaer, que seguiremos adelante, cueste lo que cueste, porque si no protegemos ahora, mañana, nuestros hijos y nietos nos reclamarán por cobardes, para no hacer nada, por cruzarnos de brazos, por inútiles, por cómplices.

Y, allí estaban los correístas, infiltrados, medio mushpas, descarados, mezclados, pretendiendo sacar tajada, azuzando a la gente, lavándose las manos, con esas manos sucias que ayer aplaudían y disfrutaban de la vida loca, durante la década saqueada. Vean la primera foto, la gallada en Quimsacocha, con el reo del Glas, posando delante de la maquinaria, lista para devastar la Madre Tierra.

El pueblo tiene memoria, no es pendejo, sabe de qué pata cojean estos falsos "revolucionarios", los poncio pilatos, los de manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes. Así, con ese estribillo se alzaron con el santo y la limosna. Unos están presos, otros prófugos, escondidos, con los bolsillos llenos; algunitos, en funciones públicas, en alcaldías, prefecturas, haciendo lo que mejor saben hacer: empuñar todo lo que puedan, hasta la victoria siempre.

El Observador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si la CC cede, se consagra el autoritarismo...

CORTE CONSTITUCIONAL: ALINEARSE CON LA CONSTITUCIÓN

Por Carlos Castro Riera

De conformidad con la Constitución, la Corte Constitucional (CC), es el máximo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia; goza de autonomía administrativa y financiera, y sus miembros no están sujetos a juicio político ni podrán ser removidos por quienes los designen, aunque están sometidos a los mismos controles que el resto de las autoridades públicas y responderán por los demás actos u omisiones que cometan en el ejercicio de sus funciones.

Los miembros de la CC, sin perjuicio de la responsabilidad civil, en caso de responsabilidad penal serán acusados por el Fiscal General de la Nación y juzgados por el pleno de la Corte Nacional de Justicia, para cuyo efecto se requiere el voto conforme de las dos terceras partes de sus integrantes.

Para ser designado miembro de la CC, entre otros requisitos se requiere, no haber pertenecido en los últimos diez años a la directiva de ningún partido o movimiento político. Sus miembros son designados por una comisión calificadora integrada por dos personas nombradas por cada una de las funciones, Legislativa, Ejecutiva y de Transparencia y Control Social, y su selección se realiza de entre las candidaturas presentadas por las funciones anteriores, a través de un proceso de concurso público, con veeduría y posibilidad de impugnación ciudadana.

La CC ejerce, entre otras competencias, la de ser la máxima instancia de interpretación de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos vigentes; resuelve las acciones públicas de inconstitucionalidad; declara de oficio la inconstitucionalidad de normas conexas contrarias a la Constitución; resuelve, a petición de parte, la inconstitucionalidad contra los actos administrativos con efectos generales emitidos por toda autoridad pública, y   las acciones por incumplimiento para garantizar la aplicación de normas o actos administrativos de carácter general, así como para el cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de protección de derechos humanos; expide sentencias que constituyen jurisprudencia vinculante respecto de las acciones de protección, cumplimiento, hábeas corpus, hábeas data, acceso a la información pública y demás procesos constitucionales, así como los casos seleccionados por la CC para su revisión; dirime conflictos de competencias entre funciones del Estado u órganos establecidos en la Constitución; efectúa de oficio y de modo inmediato el control de constitucionalidad de las declaratorias de los estados de excepción; sanciona el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales; declara la inconstitucionalidad en que incurran las instituciones del Estado o autoridades públicas que por omisión inobserven los mandatos contenidos en normas constitucionales.

Por lo anotado, es necesario que la CC mantenga su independencia de todo gobierno de cualquier ideología que sea, y no puede estar sometida a intereses político partidarios, sino tan solo a lo dispuesto por la Constitución. Por ello, es una tamaña ignorancia y contrario a la democracia constitucional, sostener como lo hacen algunos funcionarios del gobierno y comentaristas despistados, que la CC debe alinearse con el gobierno, cuando es el gobierno, cualquier gobierno, el que debe alinearse con la Constitución y más normas del ordenamiento jurídico.

La CC tiene como misión fundamental defender la Constitución como es su rol en cualquier país donde impere el Estado de Derecho, y no se diga como el Ecuador donde la Constitución establece que, el Ecuador es una Estado Constitucional de Derechos y Justicia, de forma que todas las funciones del Estado, Legislativa, Ejecutiva, Judicial, Transparencia y Electoral, deben subordinarse en el ejercicio de sus potestades a las normas constitucionales.

El control de constitucionalidad y de legalidad es lo esencial y lo que caracteriza a un Estado constitucional y democrático, donde la ley está por encima de la voluntad de los gobernantes, peor si esa voluntad es arbitraria, caprichosa, autoritaria y con pretensiones omnímodas, propia de quienes se consideran que el Estado es un feudo o hacienda, es decir con pretensiones monárquicas y autocráticas.

Se puede estar o no de acuerdo con los informes, resoluciones, dictámenes y sentencias de la CC, pero nadie está fuera o por encima de la Constitución y las leyes, peor el Presidente de la República, Asambleístas, Jueces, Fiscales, Militares y Policías.

La obediencia a la Constitución y las leyes es fundamental en circunstancias de inseguridad donde asola la delincuencia en todas sus formas, porque hay que dar ejemplo a los ciudadanos y sobre todo a los niños, niñas, jóvenes, de donde nutren sus filas las bandas delincuenciales, y sobre todo los narcotraficantes y mafias nacionales e internacionales, a lo que debe sumarse políticas públicas para erradicar la marginalidad, exclusión y pobreza.

Por estas consideraciones es inconveniente para el país y constituye una  medida retrógrada pretender someter a los miembros de la  CC a juicio político, porque volvería a la manipulación de los partidos y movimientos políticos, a las maniobras, jugadas y acuerdos corruptos vinculados a intereses personales, grupales o de las élites económicas y políticas, con lo que se volvería a la dictadura de determinado poder político, y el ejecutivo, contando con mayorías móviles y adquiridas  en el mercado de la política, haría lo que le dé la “regalada gana” sin ningún control.  En términos técnicos sería una dictadura encubierta disfrazada de ropaje jurídico o un Estado legiscentrista de mayorías coyunturales que hacen el juego a tal o cual interés politiquero privilegiado.

Así los derechos humanos y de la naturaleza serían violados sin un verdadero control constitucional porque la CC estaría siempre amenazada por tal o cual partido o movimiento o por determinada alianza política.