#IC / Crecen las críticas hacia el periodista Carlos Vera, señalado por diversos sectores de la opinión pública por su aparente cercanía con el gobierno de Daniel Noboa y por ejercer una línea editorial abiertamente favorable al Ejecutivo. A esto se suman nuevas denuncias que revelan privilegios económicos y de seguridad pagados con fondos públicos, cuestionando su independencia como comunicador.
Según información difundida en redes sociales y fuentes cercanas al entorno legislativo, Carlos Vera recibiría un ingreso mensual de 11.000 dólares, en calidad de asesor o contratista de comunicación, además de contar con resguardo policial permanente las 24 horas del día, los siete días de la semana, provisto por el Estado ecuatoriano.
Estos beneficios han generado controversia debido al contexto de restricciones económicas, ajustes presupuestarios en áreas sociales y denuncias de represión a sectores movilizados. Mientras el gobierno sostiene que implementa una política de “austeridad responsable”, se cuestiona el uso de recursos públicos para financiar el aparente aparato de comunicación informal o paralela del régimen.
Un periodista convertido en vocero no oficial
Carlos Vera ha mantenido una postura pública en defensa de Daniel Noboa y su administración, participando frecuentemente en programas, redes y espacios donde cuestiona y ataca a líderes de la oposición, incluidos dirigentes indígenas, sindicales y parlamentarios del correísmo y otras bancadas críticas del régimen.
Analistas y colectivos de comunicación independiente han expresado su preocupación por la creciente instrumentalización del periodismo como herramienta política, especialmente cuando figuras mediáticas reciben beneficios directos del Estado sin cumplir funciones transparentes o reglamentadas.
Diversas voces han exigido al Gobierno y a la Contraloría General del Estado que aclaren bajo qué figura contractual o disposición legal se otorgan estos recursos a Carlos Vera. También se demanda que se transparente el número de agentes policiales asignados a su protección y los costos asociados a dicho servicio.
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