19 junio, 2025
jueves, 19 de junio de 2025
Juan Cuvi
Master en Desarrollo Local. Director de la Fundación Donum, Cuenca. Exdirigente de Alfaro Vive Carajo.
Zanahoria y garrote para los adolescentes
Los límites de las propuestas oficialistas nos remiten al mismo punto de partida: las causas del problema siguen intactas.
La paz como un simple acto de voluntad política no funciona. Lo está demostrando el proceso iniciado por el presidente Gustavo Petro en Colombia. Que él, un exguerrillero del M-19, haya optado con fe de carbonero por esa posibilidad constituye una decisión generosa, coherente y esperanzadora. Pero al mismo tiempo inútil. La violencia en ese país persiste e incluso se ahonda en ciertas regiones.
La principal explicación para el fracaso de la política de paz de Petro radica en la continuidad de los mismos problemas que generan una conflictividad extrema y radical. El negocio del tráfico de drogas y de oro mantiene su apogeo, sobre todo porque la demanda mundial no cesa de expandirse. Y las viejas oligarquías colombianas no están dispuestas a ceder un milímetro en sus prebendas históricas. Para muestra un botón: en el siglo XXI ni siquiera se ha logrado aplicar una reforma agraria que democratice el acceso a la tierra.
Al Gobierno ecuatoriano parece no preocuparle la trágica experiencia del país vecino. Al contrario, le apuesta a una estrategia que, con obvias particularidades, reproduce los mismos errores. Un año y medio de incremento sostenido de la violencia criminal y la inseguridad no generan un mínimo análisis sobre las causas reales de este fenómeno.
No solo eso. Ahora, el Gobierno de Daniel Noboa propone unas iniciativas que, además de contradictorias, carecen de articulación. Por un lado, crea un comité para prevenir y erradicar el reclutamiento de niños y adolescentes por parte del crimen organizado; simultáneamente, una asambleísta del oficialismo presenta en la Asamblea Nacional un proyecto de ley para endurecer las penas en contra de los adolescentes infractores. Para ciertos delitos, se los quiere juzgar como adultos. Zanahoria y garrote.
Los límites de estas propuestas nos remiten al mismo punto de partida: las causas del problema siguen intactas. Los adolescentes que voluntariamente se incorporan o son reclutados por las bandas criminales prefieren la fugacidad del despilfarro, o el espejismo de un lujo menesteroso, antes que la perpetuidad de la carencia. El narcotráfico sigue representando la economía de la oportunidad inmediata y del dinero fácil. ¿Por qué renunciar a esa tentación?
¿Tiene el Gobierno información precisa sobre cuántos niños, niñas y adolescentes del país son absolutamente vulnerables a la influencia de los grupos criminales? Y no vulnerables únicamente por la pobreza y la marginalidad, sino por la seducción de un sistema que hace del consumo y el hedonismo sus nuevos santuarios. ¿Han revisado las autoridades la cantidad de casos de narcotráfico donde los involucrados provienen de sectores medio sin mayores urgencias económicas? Ni siquiera la religión ha conseguido refrenar la codicia humana.
Junio 18, 2025
Ecuador: Nuevas leyes amenazan derechos
Seguridad, privacidad y garantías procesales en peligro
(Washington D. C.) - Las nuevas leyes aprobadas por la Asamblea Nacional del Ecuador y firmadas por el presidente Daniel Noboa incluyen disposiciones peligrosas que ponen en riesgo los derechos de los ecuatorianos, señaló hoy Human Rights Watch.
El 7 de junio de 2025, la recién instalada Asamblea Nacional aprobó mediante un proceso acelerado la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, que otorga al presidente amplios poderes para declarar y responder a un “conflicto armado interno”. El 10 de junio, la Asamblea aprobó la Ley Orgánica de Inteligencia que crea un marco jurídico para las actividades y operaciones de inteligencia y contrainteligencia. La nueva legislación abre la puerta al uso injustificado de la fuerza letal, debilita la rendición de cuentas por los abusos de las fuerzas de seguridad y socava las garantías que regulan la obtención de información por parte de agencias de inteligencia.
“Ecuador necesita con urgencia abordar la inseguridad y el crimen organizado, pero lo más probable es que estas leyes solo hagan más daño”, señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “La seguridad no se puede construir con legislación apresurada, mal redactada y excesivamente amplia. En cambio, hace falta un debate cuidadoso, salvaguardias sólidas y respeto a los derechos humanos”.
En los últimos años, Ecuador ha experimentado un fuerte aumento de la violencia vinculada al crimen organizado, llevando las tasas de homicidio a niveles récord en 2023, con más de 47 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. Según el Observatorio, en 2024 la tasa de homicidios se redujo en alrededor de un 15 %. No obstante, los homicidios, en su mayoría atribuidos a grupos criminales, han experimentado un nuevo incremento en 2025, de acuerdo con cifras oficiales.
La Asamblea aprobó la Ley de Solidaridad Nacional con base en una propuesta presentada por el presidente Noboa en mayo. La ley faculta al presidente a declarar la existencia de un conflicto armado, lo que permite a las fuerzas de seguridad emplear fuerza letal en situaciones que, de lo contrario, estarían prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos y la legislación ecuatoriana. El aparente objetivo de la ley es otorgar a las autoridades mayor libertad en la lucha contra la delincuencia a costa de eliminar protecciones fundamentales de derechos humanos.
La Corte Constitucional ha rechazado en varios dictámenes la causal de “conflicto armado interno” para las declaratorias de estado de excepción del presidente Noboa. La Corte concluyó que los argumentos presentados por el gobierno no permitían verificar el cumplimiento de los criterios establecidos por el derecho internacional para la configuración de un conflicto armado.
Según la Constitución del Ecuador, los estados de excepción tienen limitaciones en cuanto a su duración y a los derechos que pueden suspenderse, y están sujetos al control de la Corte Constitucional. La nueva ley crea un régimen jurídico especial que intenta eludir el marco constitucional de los estados de excepción, incluyendo el control de la Corte Constitucional.
El marco jurídico de “conflicto armado” establecido por la Ley de Solidaridad Nacional abre la puerta a graves violaciones de los derechos humanos y tendrá consecuencias para los ecuatorianos, señaló Human Rights Watch. La ley permite a las fuerzas de seguridad realizar allanamientos sin orden judicial y omitir las restricciones al uso de la fuerza letal que son esenciales para una actuación de las fuerzas de seguridad que sea respetuosa de los derechos humanos.
La ley define de manera imprecisa a los “grupos armados organizados” que pueden ser considerados parte en un conflicto armado, e incluye a aquellos conformados por tan solo tres integrantes que ejerzan “violencia prolongada”. Además, la ley otorga a las fuerzas del orden la autoridad para determinar qué grupos pueden ser considerados como parte en el conflicto.
La ley también permite al presidente indultar a los miembros de las fuerzas de seguridad que estén siendo investigados por delitos cometidos durante el supuesto “conflicto armado”. Asimismo, prohíbe el uso de la prisión preventiva, el arresto domiciliario o el uso de dispositivos electrónicos contra los miembros de las fuerzas de seguridad investigados y establece que seguirán desempeñando sus funciones aunque estén siendo investigados.
La Ley de Inteligencia establece un Sistema Nacional de Inteligencia compuesto por organismos militares, policiales, financieros, tributarios, aduaneros, penitenciarios y de seguridad presidencial, todos ellos coordinados por una entidad rectora cuya máxima autoridad es designada por el presidente.
La Ley de Inteligencia contiene disposiciones peligrosas que parecen contravenir las protecciones constitucionales relativas al derecho a la protección de datos personales, las cuales requieren la autorización del titular o un mandato legal para su recopilación. Asimismo, estas disposiciones afectan el derecho a la intimidad personal y familiar, así como el derecho a la inviolabilidad y al secreto de todo tipo o forma de comunicación. De acuerdo con la Constitución, el acceso a esta información solo está permitido en los casos previstos por la ley y con previa intervención judicial.
Según la nueva ley, las entidades estatales, las instituciones públicas y privadas, las empresas y los particulares están obligados sin excepción a proporcionar información al sistema de inteligencia. No se requiere ninguna orden judicial. Esto incluye a las operadoras de servicios de
telecomunicaciones, que estarán obligadas a entregar información tanto histórica como en tiempo real sobre las comunicaciones y conexiones de las personas sin necesidad de una orden judicial. Además, el Sistema Nacional de Inteligencia podrá interceptar comunicaciones por motivos vagos de “seguridad integral del Estado” sin orden judicial.
Estas disposiciones socavan la intimidad e interfieren en el derecho a la vida privada y a la correspondencia, señaló Human Rights Watch. La ley también podría crear un efecto inhibitorio para la libertad de expresión y poner en peligro profesiones protegidas por la confidencialidad, como médicos, abogados y periodistas, al exigirles potencialmente que revelen información sensible.
Estas leyes deberían revisarse para garantizar que estén conforme a la Constitución y a las obligaciones internacionales de derechos humanos de Ecuador.
“Los ecuatorianos no deberían tener que elegir entre seguridad y derechos humanos”, afirmó Goebertus. “Una seguridad duradera no se logra otorgando poderes ilimitados a los organismos de seguridad e inteligencia, sino fortaleciendo el sistema judicial, desmantelando las economías ilícitas y defendiendo el Estado de derecho”.
Juan Esteban Guarderas, exvocal de Participación Ciudadana, denunció al alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, por usar su cargo para hacer campaña electoral en favor de Yaku Pérez.
¿Por qué decidió denunciar al alcalde de Cuenca?
Dentro de la línea de limpieza de las instituciones en las grandes ciudades, del juicio que le ganamos a Pabel Muñoz y luego lo que estamos trabajando en Guayaquil con Aquiles Álvarez; para mí Zamora es prioritario, porque además está la caradura, el quemeimportismo respecto a la ley, en esta infracción electoral son tan potentes como el video en donde él apoya a Yaku Pérez.
¿Cuáles son las pruebas en contra del alcalde?
No son interpretaciones mías, la prensa reportó sobre el apoyo oficial de Zamora a Yaku Pérez; vamos a demostrar que Zamora no estaba ejerciendo como individuo, sino como autoridad electa que usó la plataforma, que compromete la neutralidad de la institución de Cuenca, a favor de una candidatura; no era una reunión de trabajo, sino que era una solicitud de voto, él llamó a que los cuencanos a que voten por una tendencia.
¿En qué escenario se produjo la infracción?
El apoyo fue explícito, data del 2023, cuando Yaku Pérez se candidatizó a la presidencia de la República.
¿Es un caso similar al de los alcaldes de Quito y Guayaquil?
Lo puedo decir de la manera más clara posible, esto es hasta ahorita el caso más descarado de campaña ilegal que yo he visto, en el caso de Aquiles Álvarez hay que interpretar un poco, para entender cómo fue la promoción, yo presenté pruebas de cómo la gente recibía las convocatorias de Álvarez para demostrar que el mensaje de sí fue entendido, aunque no fue explícito; en el caso de Zamora es muy diferente, en el caso de Zamora es muy oficial, es muy explícito, es muy claro, es indubitable.
¿Por qué si ocurrió en 2023 se demoró dos años en denunciar?
Estamos a tiempo, desde que salí del Consejo de Participación me he dedicado y en lo que va del año hemos conseguido seis condenas de políticos, eso es más que lo que el Consejo Electoral ha conseguido en los últimos años. Ahora, nosotros somos un equipo de abogados pequeño, sin capacidad operativa, debo manejar una agenda que me permita acabar un caso y empezar el siguiente.
¿Qué sanción espera que le den al alcalde de Cuenca?
La única sanción lógica es que haya destitución, porque entonces las ilegalidades, si es con unas disculpas públicas, la verdad, sanción eso no es. No puede no haber unas consecuencias materiales concretas, ante unas rupturas legales tan bárbaras. El hecho de que sea tan descarado amerita una sanción consecuente, congruente.
¿A Pabel Muñoz solo le dieron una multa y le exigieron disculpas públicas?
Necesitamos que haya mayor rigor en las sanciones, porque entonces lo que estamos haciendo es habilitar a que haya ilegalidades en todo el país y que baste con pedir disculpas; entonces, mejor legalicen la campaña anticipada, la entrega de regalos compra votos, las infracciones electorales, porque si la sanción es que pidan disculpas, para qué hay los juicios y nos ahorramos lo que nos cuestan los jueces electorales.
¿Por qué no ha denunciado al presidente Noboa?
Si fuera del partido de Noboa me habrían ofrecido estar en un cargo, no he recibido ofertas para estar en el Gobierno. ¿Entonces, qué tan cercanos somos? He enjuiciado a muchos partidos políticos, he logrado condenas contra muchos; pero ahorita, en este momento específico, yo no voy a atacar a Daniel, porque creo que ahorita el país se encuentra en una dicotomía política entre lo ilegal y lo legal; nuestra principal discusión política como ecuatorianos es si queremos vivir en civilización, con normas, o si queremos el modo de vida de Durán, que es la jungla.
¿Tiene un pacto con ADN?
No, tengo la convicción de que ahorita tenemos dos alternativas, hay un sector de la ciudadanía que piensa que se puede vivir de la sapada, de la ilegalidad, del irrespeto a las normas y otras personas que piensan que tenemos que defender el estado de derecho, para mí, ahorita ADN es la alternativa ante el salvajismo, la barbarie, de la ruptura de las normas, por lo tanto, no voy a atacar a ADN.
Guarderas contra Zamora:
“Es el caso más descarado de
campaña ilegal”
Juan Esteban Guarderas, exvocal de Participación Ciudadana,
denunció al alcalde de Cuenca Cristian Zamora.
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