Los “Parásitos” de Zamora
viernes, 3 de abril de 2026
jueves, 2 de abril de 2026
Según expuso el mandatario, análisis realizados en distintos puntos —incluida la planta de tratamiento de Ucubamba— evidenciaron niveles de contaminación que le parecen “preocupantes” y que, a su criterio, afectan directamente a la población cuencana.
El panorama para el movimiento Unidad Popular (UP) se vuelve más complejo tras la reciente decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE). Este lunes, 30 de marzo de 2026, el Pleno del organismo resolvió negar el pedido de corrección interpuesto por Geovanni Atarihuana, director nacional de la agrupación, con el que buscaba revertir el inicio del proceso de cancelación de su personería jurídica.
La resolución se adoptó con los votos a favor de la presidenta del CNE, Diana Atamaint, y los consejeros María Cristina Kronfle y José Merino. El cuerpo colegiado se sustentó en un informe jurídico que determinó que la decisión original, emitida el pasado 26 de marzo, cumple con todos los requisitos de validez y no incurre en omisiones o falta de claridad que justifiquen una rectificación.
Los fundamentos del rechazo
Durante la sesión, la presidenta Diana Atamaint fue enfática al señalar que el organismo ha actuado bajo estrictos parámetros legales. Al emitir su voto, Atamaint defendió la integridad de la resolución recurrida: “Se ha determinado que la resolución es clara, completa, legítima y congruente; no es oscura y ha resuelto todos los puntos sometidos a su consideración. Por tal razón, no incurre en lo establecido en el artículo 241 del Código de la Democracia”, puntualizó.
El informe técnico-jurídico que sirvió de base para la negativa sostiene que Unidad Popular tuvo el tiempo y las garantías necesarias para ejercer su derecho a la defensa. Bajo esta premisa, el CNE ratifica que el proceso administrativo de eliminación del registro de organizaciones políticas sigue su curso legal.
Déficit de afiliados: el origen del conflicto
El expediente de cancelación contra Unidad Popular y el movimiento Construye se originó tras una auditoría interna del CNE que analizó el cumplimiento de los requisitos de permanencia. Según el Código de la Democracia, los movimientos nacionales deben mantener un número de afiliados o adherentes equivalente al 1.5% del Registro Electoral Nacional utilizado en la última elección pluripersonal.
En el caso específico de Unidad Popular, el informe técnico señala que la organización cuenta con poco más de 31 000 afiliados, una cifra que se encuentra por debajo del umbral mínimo exigido por la ley. Esta deficiencia numérica es el eje central sobre el cual el CNE fundamenta la posible extinción de la personería jurídica de la histórica Lista 2.
Próximos escenarios jurídicos
Tras la negativa de este recurso de corrección, a Unidad Popular le restan instancias de apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), órgano encargado de administrar justicia en última instancia en materia de derechos políticos.
Si el TCE llega a ratificar lo actuado por el CNE, el movimiento perdería su registro oficial, lo que le impediría presentar candidatos propios para los próximos comicios seccionales de noviembre de 2026. Por ahora, el movimiento liderado por Atarihuana se mantiene en sesión permanente para definir las acciones legales y de movilización que tomarán ante lo que consideran una “decisión política” que afecta la pluralidad democrática.
miércoles, 1 de abril de 2026
A través de un pronunciamiento oficial, la fiscal provincial encargada, Mayra Soria, determinó que la indagación penal debe continuar, argumentando que aún existen diligencias investigativas pendientes que son vitales para esclarecer el hecho, destacando la necesidad de garantizar la reparación integral de las víctimas, la tutela judicial efectiva y el derecho a la verdad.
El Ministerio de Salud Pública lanzó en el portal del Sercop la licitación LICS-MSP-2026-001 para contratar logística y montaje de eventos institucionales por $714.088,70 más IVA, en medio de retrasos en la entrega de al menos 15 medicamentos ya adjudicados a farmacéuticas mediante compras centralizadas en el mismo sistema de contratación pública y de los problemas de corrupción en hospitales reconocidos por el Ejecutivo. El proceso está en estado “por adjudicar” y contempla un anticipo del 20% y el pago del 80% restante conforme a los términos de referencia. El servicio tendrá alcance nacional durante 2026.
martes, 31 de marzo de 2026
MUCHAS LLUVIAS, POCA DEMOCRACIA
Estas son las causas por las que investigan a los alcaldes de las 3 ciudades principales de Ecuador
Pabel Muñoz, Aquiles Alvarez y Cristian Zamora, alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca, son investigador por la FGE por distintas causas.
Los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca, Pabel Muñoz, Aquiles Alvarez y Cristian Zamora, respectivamente, enfrentan investigaciones por presuntos delitos que van desde irregularidades en contratación pública hasta delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito.
Las causas que involucran a los alcaldes de las tres principales ciudades del país se encuentran en desarrollo y en distintas etapas procesales. En todos los casos, las diligencias forman parte de investigaciones impulsadas por la Fiscalía General del Estado, algunas de ellas abiertas de oficio.
En varios de estos casos, la Fiscalía ha iniciado actuaciones de oficio o a partir de informes de entidades como la Contraloría, en el marco de su competencia constitucional.
A continuación un detalle de los casos en los que se investiga a los tres alcaldes
Quito: investigación por contratación en transporte municipal
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, es investigado dentro de un proceso relacionado con la adquisición de 60 unidades de trolebuses eléctricos.
El funcionario acudió a rendir su versión ante la Fiscalía el pasado 24 de marzo de 2026, como parte de una indagación previa sobre posibles irregularidades en este proceso de contratación pública.
Hasta este lunes 30 de marzo del 2026, la investigación se mantiene en fase preliminar y no se han informado cargos formales. El caso se enmarca en las competencias de la Fiscalía de iniciar investigaciones de oficio o a partir de alertas de entidades de control sobre contratación estatal.
Guayaquil: delincuencia organizada, lavado de activos y combustibles
En Guayaquil, el alcalde Aquiles Alvarez enfrenta varios procesos penales. El principal es el denominado caso “Goleada”, en el que la Fiscalía investiga una presunta estructura de delincuencia organizada vinculada a lavado de activos y defraudación tributaria.
Por este caso, Alvarez fue detenido en febrero de 2026 junto a sus hermanos Xavier y Antonio, y otras 11 personas más que estarían presuntamente involucrados en el caso. El alcalde cumple prisión preventiva en la cárcel de El Encuentro, mientras duran las investigaciones en este caso.
De forma paralela, el alcalde también ha sido vinculado a otro expediente conocido como caso “Triple A”, relacionado con la presunta comercialización ilegal de combustibles, actividad que habría ocurrido antes de asumir funciones municipales.
Por este caso el burgomaestre inicialmente recibió medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Sin embargo, un juez le dictó cárcel por incumplimiento.
Cuenca: presunto enriquecimiento ilícito
En Cuenca, el alcalde Cristian Zamora es investigado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
La Fiscalía General del Estado ejecutó allanamientos en su vivienda en marzo de 2026 tanto en la Alcaldía como en su vivienda, dentro de una investigación previa que busca determinar un posible incremento patrimonial no justificado.
De acuerdo con la información oficial, durante los operativos se recabaron indicios como dispositivos electrónicos y documentos.
La indagación se habría originado tras información remitida por la Contraloría General del Estado. El proceso se encuentra en etapa inicial y no se han anunciado medidas cautelares en su contra.
QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO
DEMANDANTE Y FUNCIONARIA MUNICIPAL.
lunes, 30 de marzo de 2026
BOMBA EN BRASIL: El "Lulagate" previsional que podría devolver al "dictador" a la cárcel