Páginas

viernes, 3 de abril de 2026

 Los “Parásitos” de Zamora

“Una pertinaz mediocridad está ahogando a Cuenca. ¿Cuántas patrañas más tenemos que soportar?”.
POR JAIME CEDILLO FEIJÓO
El único responsable directo de la paupérrima administración municipal de Cuenca, es el que funge de alcalde, Cristian Zamora Matute. Sus cercanos colaboradores como “asesores”, gerentes, directores y coordinadores, y, por supuesto, de una gran mayoría de concejales, que se hacen de la vista gorda, a cambio de canonjías, son cómplices de las vergonzosas irregularidades que se han venido evidenciando desde el inicio de su nefasta gestión.
Prácticamente, todas las semanas ha salido a la luz pública, una denuncia de actos de corrupción y hechos bochornosos como atentados a la dignidad de las personas, agresiones verbales a propios y extraños, con una desfachatez que raya en el cinismo.
Colaboradores que han sido sorprendidos en actos inmorales, como aquel que se cometió en contra de una joven que fue víctima de agresión sexual, o el que fue apresado conduciendo en estado etílico, han sido reubicados en otros puestos, o sus panas “parásitos” que gozan de un buen sueldo sin trabajar, que se dan el “lujo” de plagiar los informes de funcionarios correctos, como justificativo para cobrar a fin de mes una remuneración que ya quisieran profesionales con títulos de tercer nivel, maestrías y doctorados, que no son considerados porque no forman parte de las argollas, de los suertudos, de los que gozan de las simpatías de Zamora, apodado en el bajo mundo de la farándula como la “Kity”.
Recuerdan, me decía un talentoso profesional, como este astuto personaje , que derrocha el presupuesto en farras, pagando sumas astronómicas a artistas internacionales, que llegan, dan su concierto, cantan un par de horas, y fin del show; en campaña prometía que los mejores, los más preparados académicamente, ocuparían los cargos directivos, de acuerdo a su especialidad, todo fue en engaño del cuentero, que llegó al sillón de la Atenas con una ínfima votación que no superó el 19 por ciento.
Los “parásitos” o como los llamó Diario El Mercurio, los “fantasmas”, cuentan con la connivencia del mismísimo burgomaestre de la ciudad, que autoriza los contratos, con el visto bueno de sus compinches que avalan con sus firmas y sellos, que encubren estas atrocidades en contra de los sagrados dineros de la urbe patrimonial. Esos compadres y comadres, son los que ocupan altos cargos directivos, los que tienen que ver, oir y callar, si de esta administración quieres gozar. Y, cuando se les increpa, responden que “no hemos sabido, pero vamos a averiguar”, mientras tanto, que siga la farra de la loca.
El 31 de diciembre, en el concurso de años viejos, el Club Juventud Unida de la Ciudadela Tomebamba, ofreció al público el tema: Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, nombrando a Zamora como el Jinete del Derroche. (Una mancha más al tigre).
Preso de su propia conciencia, se mandó a traer un vehículo blindado, por la jugosa suma de 180 mil dólares, para poder desplazarse de un lugar a otro, sin que la Contraloría haya movido un dedo para frenar este gasto oneroso e innecesario, porque el que nada debe nada debe temer. Cuando se tiene las manos limpias, se anda por la calle con la frente en alto y mirando al frente, sin desviar la vista; pero cuando hay cuentas pendientes, es mejor andar en carro a prueba de balas, con guardaespaldas bien armados, amenazantes, clavándole los ojos a los ciudadanos, un por sí se atreven a reclamar algo al jefe de la cosa…
Es vox populi que abundan los “parásitos”, “fantasmas”, “sanguijuelas”, que se llevan una buena tajada del dinero propiedad de la ciudad. Es vox populi, que ingresan facturas por supuestos servicios prestados. Es vox populi que los Albornoz son privilegiados, como “asesores”; que hay varios Torres en cargos burocráticos. Es vox populi, lo contratos direccionados para favorecer a familiares y amigotes, mejor conocidos en el mundillo de los amarres como los suertudos, aquellos que se llevan a semana seguida, cientos de miles de dólares, a manos llenas, porque, según el desvergonzado Zamora, son los únicos con capacidad técnica y económica para afrontar los pedidos de una administración municipal, que perdió la confianza y la credibilidad de los ciudadanos honestos, que se preguntan hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que un grupo de mediocres, sabidos e incompetentes, se alcen con el “santo y la limosna”. Ha usado y abusado de la paciencia del pueblo. Es hora de decir basta, hay que ponerse de pie.
“Hay que regar agua bendita en la alcaldía para espantar al demonio, y echar cloro en las oficinas para exterminar los microbios”.
El Observador
Enero de 2025


 Según expuso el mandatario, análisis realizados en distintos puntos —incluida la planta de tratamiento de Ucubamba— evidenciaron niveles de contaminación que le parecen “preocupantes” y que, a su criterio, afectan directamente a la población cuencana.

Noboa detalló que el límite permitido de coliformes fecales en agua es de 2.000 unidades, pero en dos tomas distintas de la planta se detectaron cifras muy superiores: 1,6 millones y hasta 16 millones de coliformes fecales. Estos microorganismos están asociados a contaminación por materia orgánica y pueden representar riesgos para la salud si el agua no es tratada adecuadamente.


 El panorama para el movimiento Unidad Popular (UP) se vuelve más complejo tras la reciente decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE). Este lunes, 30 de marzo de 2026, el Pleno del organismo resolvió negar el pedido de corrección interpuesto por Geovanni Atarihuana, director nacional de la agrupación, con el que buscaba revertir el inicio del proceso de cancelación de su personería jurídica.

La resolución se adoptó con los votos a favor de la presidenta del CNE, Diana Atamaint, y los consejeros María Cristina Kronfle y José Merino. El cuerpo colegiado se sustentó en un informe jurídico que determinó que la decisión original, emitida el pasado 26 de marzo, cumple con todos los requisitos de validez y no incurre en omisiones o falta de claridad que justifiquen una rectificación.

Los fundamentos del rechazo

Durante la sesión, la presidenta Diana Atamaint fue enfática al señalar que el organismo ha actuado bajo estrictos parámetros legales. Al emitir su voto, Atamaint defendió la integridad de la resolución recurrida: “Se ha determinado que la resolución es clara, completa, legítima y congruente; no es oscura y ha resuelto todos los puntos sometidos a su consideración. Por tal razón, no incurre en lo establecido en el artículo 241 del Código de la Democracia”, puntualizó.

El informe técnico-jurídico que sirvió de base para la negativa sostiene que Unidad Popular tuvo el tiempo y las garantías necesarias para ejercer su derecho a la defensa. Bajo esta premisa, el CNE ratifica que el proceso administrativo de eliminación del registro de organizaciones políticas sigue su curso legal.

Déficit de afiliados: el origen del conflicto

El expediente de cancelación contra Unidad Popular y el movimiento Construye se originó tras una auditoría interna del CNE que analizó el cumplimiento de los requisitos de permanencia. Según el Código de la Democracia, los movimientos nacionales deben mantener un número de afiliados o adherentes equivalente al 1.5% del Registro Electoral Nacional utilizado en la última elección pluripersonal. 

En el caso específico de Unidad Popular, el informe técnico señala que la organización cuenta con poco más de 31 000 afiliados, una cifra que se encuentra por debajo del umbral mínimo exigido por la ley. Esta deficiencia numérica es el eje central sobre el cual el CNE fundamenta la posible extinción de la personería jurídica de la histórica Lista 2.

Próximos escenarios jurídicos

Tras la negativa de este recurso de corrección, a Unidad Popular le restan instancias de apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), órgano encargado de administrar justicia en última instancia en materia de derechos políticos.

Si el TCE llega a ratificar lo actuado por el CNE, el movimiento perdería su registro oficial, lo que le impediría presentar candidatos propios para los próximos comicios seccionales de noviembre de 2026. Por ahora, el movimiento liderado por Atarihuana se mantiene en sesión permanente para definir las acciones legales y de movilización que tomarán ante lo que consideran una “decisión política” que afecta la pluralidad democrática.


 





miércoles, 1 de abril de 2026

 A través de un pronunciamiento oficial, la fiscal provincial encargada, Mayra Soria, determinó que la indagación penal debe continuar, argumentando que aún existen diligencias investigativas pendientes que son vitales para esclarecer el hecho, destacando la necesidad de garantizar la reparación integral de las víctimas, la tutela judicial efectiva y el derecho a la verdad.

El caso David Romo
Este caso empezó el 16 de mayo de 2013, cuando Santiago David Romo Córdova asistió a sus clases en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Durante la tarde, el joven acudió a la clase de Semiótica General entre las 15:00 y las 17:30.
Tras finalizar la jornada estudiantil, se reunió con un grupo de compañeros en las áreas verdes de la Facultad, donde, según testimonios posteriores, consumieron licor hasta el anochecer. Horas más tarde, aproximadamente a las 21:26, su enamorada se comunicó con él por teléfono y constató que el estudiante se encontraba en estado de embriaguez a bordo de un bus rumbo a su hogar.
La última señal de vida de David se registró a las 22:22 durante una llamada con su madre, Alexandra Córdova. En esa breve comunicación, el joven afirmó estar en el bus y le indicó que hablaría bajo, justificando su tono con una frase inquietante: "porque si alzo la voz, me sacan del bus".
Las indagaciones revelaron que el universitario se transportaba en el bus número 4 de la Cooperativa Transhemisféricos, con placas PUH0862, que cubría la ruta hacia la Mitad del Mundo.
La unidad era conducida por José Moisés C., acompañado por el controlador Edgar M. y su ayudante Gustavo de Jesús L.. Según las versiones recabadas a lo largo de los años, que no estuvieron exentas de contradicciones, el personal del transporte reconoció que Romo viajaba en la parte posterior del vehículo en estado etílico.
El recorrido terminó en la última parada del sector de Rumicucho cerca de la medianoche, punto donde el rastro del joven se desvaneció por completo, marcando el inicio de un laberinto judicial para sus familiares.
La investigación
Durante los primeros años, la investigación se fragmentó en múltiples teorías que alejaron el caso de una pronta resolución. En una etapa inicial, las autoridades procesaron el hecho bajo la figura de asociación ilícita y robo, argumentando que los trabajadores del bus se habían confabulado para sustraer el teléfono celular de la víctima.
Por este motivo, el controlador Edgar M. fue sometido a un procedimiento abreviado y sancionado con un año de prisión.
Tiempo después, la Fiscalía giró hacia la hipótesis de trata de personas y asesinato, sosteniendo que David Romo había sido trasladado contra su voluntad a una clínica clandestina de rehabilitación en Pisulí denominada Unión y Esperanza.
Bajo esta línea investigativa, se construyó la teoría de que el estudiante fue asesinado, desmembrado e incinerado en un camal, lo que llevó al juez Telmo Molina a dictar un auto de llamamiento a juicio en mayo de 2018 contra varias personas.
Esta versión oficial fue rechazada por Alexandra Córdova, quien denunció que el relato de la incineración era una maniobra de las autoridades para cerrar el expediente de forma abrupta sin haber encontrado restos biológicos comprobables ni el cuerpo de su hijo.
Ante estas presuntas negligencias, la madre presentó el 16 de agosto de 2018 una nueva denuncia, esta vez por el delito de desaparición forzada.
En este documento, acusó directamente la participación de agentes del Estado, apoyándose en testimonios que referían la presencia de personas con apariencia de policías dentro del bus aquella noche, además de apuntar al encubrimiento de altos funcionarios de la época, fiscales, agentes policiales e incluso exministros.
La madre de David Romo señaló como sospechosos al exministro del Interior, José Serrano Salgado, y a los agentes de la Policía Nacional Jorge P., Francisco H., Gabriel M. y Danilo L., así como a parte del círculo cercano del universitario, apuntando a su pareja sentimental, Diana L., y a Sara T., desde cuyas redes sociales presuntamente se emitieron mensajes para comunicarse con los familiares.
Asimismo, la acción penal fue dirigida contra el personal civil vinculado a la cooperativa de transporte que abordó David Romo.
Y, finalmente, contra los funcionarios judiciales, que participaron en el caso: los agentes fiscales Jenny Morales, Jorge Nogales, Jorge Flores, Alejandro Alemán, Laura Machuca, Tania Moreno, Andrés Cuasapaz y Paola Gallardo. Al igual que a los jueces Ivón Vásquez, Julio Obando, Edmundo Samaniego, Pablo Coello, Marcelo Narváez y Giovanny Freire.
El archivo y la reapertura
El 27 de mayo de 2025, el fiscal Polivio Meneses presentó un pedido formal ante los juzgados de Carcelén para archivar definitivamente la investigación por desaparición forzada, que se abrió tras la denuncia de la madre de Romo.
El funcionario argumentó que los plazos legales, que habían comenzado a correr en octubre de 2018, se encontraban excedidos. Además, justificó que no se habían encontrado elementos suficientes para probar la intervención de agentes estatales y señaló que existía el riesgo de juzgar dos veces el mismo hecho en relación con el anterior expediente por asesinato.
El mismo 27 de mayo de 2025, el juez Telmo Molina, a quien le fue asignada la solicitud, presentó su excusa para no conocer la causa. Su inhabilitación se debió a que él mismo había emitido el llamamiento a juicio en el proceso conexo por el presunto asesinato de David Romo en 2018, lo que comprometía su imparcialidad.
Tras un nuevo sorteo, el proceso recayó en el juez Mauricio Estrella, quien el 11 de junio de 2025 notificó el pedido de la Fiscalía a los sujetos procesales.
Dos días después, Alexandra Córdova ingresó un documento expresando su oposición, reclamando que el Fiscal se basaba en investigaciones previas incoherentes y que se negaba deliberadamente a agotar las líneas de búsqueda sugeridas por las víctimas.
Atendiendo los reclamos de la madre, el 17 de julio de 2025, el juez Estrella emitió un auto considerando que existía una aparente inactividad fiscal y recordó que las investigaciones estatales no pueden ser tratadas como simples formalidades destinadas al fracaso.

 El Ministerio de Salud Pública lanzó en el portal del Sercop la licitación LICS-MSP-2026-001 para contratar logística y montaje de eventos institucionales por $714.088,70 más IVA, en medio de retrasos en la entrega de al menos 15 medicamentos ya adjudicados a farmacéuticas mediante compras centralizadas en el mismo sistema de contratación pública y de los problemas de corrupción en hospitales reconocidos por el Ejecutivo. El proceso está en estado “por adjudicar” y contempla un anticipo del 20% y el pago del 80% restante conforme a los términos de referencia. El servicio tendrá alcance nacional durante 2026.

María José Pinto: "Tenemos 15 medicamentos que la empresa privada no ha entregado"
El objeto del proceso es contratar un servicio integral para visibilizar programas, proyectos y servicios del sector salud en territorio. La convocatoria se enmarca en la promoción de la salud y prevención de enfermedades en todo el país. El plazo de entrega previsto es de 120 días y la vigencia de la oferta es de 90 días. El funcionario encargado del proceso pertenece a la matriz del Ministerio.
El documento oficial señala que el servicio cubrirá eventos comunicacionales en distintas provincias, ciudades y cantones. El cronograma será definido por la entidad según necesidades institucionales y coyuntura nacional. El proveedor deberá responder a requerimientos con hasta 24 horas de anticipación. También se contempla la posibilidad de eventos simultáneos en hasta tres localidades.
Lista maestra: equipos, escenarios y producción técnica
La lista maestra del proceso incluye más de 40 ítems previstos para eventos comunicacionales a escala nacional, entre ellos:
Carpas impermeables de distintos tamaños con paredes laterales
Puntos de luz y extensiones eléctricas
Pantallas LED de alta resolución
Sistemas de audio para exteriores y espacios cerrados
Tarimas y escenarios móviles
Generadores eléctricos
Sillas plásticas para público
Micrófonos y pódiums institucionales
Separadores de prensa y señalética institucional
Baterías sanitarias móviles
Dispensadores de gel y elementos de bioseguridad
Servicio de internet corporativo para eventos
Transmisión en streaming
Registro fotográfico profesional
Servicio de dron para cobertura audiovisual
Coffee break y personal de apoyo logístico
Vicepresidencia denuncia incumplimientos de farmacéuticas
Este proceso de logística y montaje para eventos del Ministerio de Salud Pública que visibilizan la gestión institucional ocurre mientras la vicepresidenta encargada del Ministerio de Salud afirmó que al menos 15 medicamentos adquiridos mediante compras centralizadas no han sido entregados por farmacéuticas privadas. Explicó que estas adquisiciones ya fueron realizadas bajo este modelo de compra nacional, cuyo objetivo es cubrir la demanda de fármacos en todo el país.
La funcionaria señaló que este mecanismo transparenta la necesidad total de medicamentos del sistema público e indicó que la información está publicada para que las farmacéuticas conozcan los volúmenes requeridos. Sin embargo, los incumplimientos de los proveedores afectan el abastecimiento. El tema se expuso en medio de la crisis sanitaria.
Licitación del MSP para la contratación de proveedores de eventos
Portal del Sercop muestra la licitación logística del Ministerio de Salud Pública.Captura de pantalla
Ejecutivo reconoce crisis por abastecimiento de medicinas
Daniel Noboa
Daniel Noboa: "El problema de salud no es médico, es administrativo y de corrupción"
Leer más
El proceso ocurre mientras el Ejecutivo no ha delimitado todavía una política clara para evitar el robo de medicamentos y problemas de abastecimiento en hospitales públicos. El presidente Daniel Noboa se refirió el 27 de febrero a la crisis del sistema de salud durante una entrevista en Radio Centro. Reconoció que, pese a los esfuerzos del Gobierno, la ciudadanía continúa reportando escasez de medicinas y fallas en la atención. “El problema que tenemos… es corrupción dentro de los hospitales”, afirmó el mandatario, señalando que la situación impacta con mayor fuerza en Guayas, Manabí y Los Ríos, donde —según dijo— la gestión presenta mayores debilidades.
Noboa detalló que existen irregularidades en bodegas y contratos administrativos. “Tenemos gente en el cuerpo administrativo conectada a GDOs, contratos de limpieza entregados a ellos”, indicó, al advertir que estas prácticas han derivado en robo de medicinas y mala distribución de recursos. Aseguró que revertir la situación tomará tiempo y control permanente, y aclaró que la ausencia de un ministro titular no frena la gestión: "Hay una ministra encargada con experiencia administrativa y asesoría médica especializada". El mandatario insistió en que “El problema no es médico, es administrativo y de corrupción”, y sostuvo que el Gobierno combate a mafias que afectan el abastecimiento hospitalario.


martes, 31 de marzo de 2026

 MUCHAS LLUVIAS, POCA DEMOCRACIA

Las elecciones seccionales, inicialmente previstas para febrero de 2027, se adelantaron al 29 de noviembre de 2026. Esa decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), tan tramposa como conveniente, pronostica muchas lluvias y poca democracia.
Cabe recordar, los ecuatorianos sufragaron sin anticipos ni postergaciones: en medios de crisis económicas y políticas prolongadas, amenazados por el conflicto armado reciente, afectados por los apagones y hasta durante la pandemia. Todas esas elecciones, aunque no siempre limpias, tuvieron una participación popular mayoritaria.
Ningún modelo climatológico del mundo puede prever lluvias con más de diez meses de anticipación. La decisión de Noboa y del CNE, liderado por Diana Atamaint, carece de sustento científico: no existe instrumento meteorológico que justifique mover el calendario electoral. Por eso no es una medida técnica, es un fraude anticipado.
Detrás del cuento de las inundaciones hay mucha conveniencia. El cumplimiento de las órdenes dictadas desde Carondelet favorece al partido del gobierno, transgrede los procesos de democracia interna de los partidos y organizaciones políticas, limita los acuerdos y alianzas, reduce la promoción electoral e induce a un voto desinformado.
Pero este no es el único vicio. Las maniobras de Noboa, el servilismo de Atamaint y los consejeros prorrogados del CNE comenzaron por proscribir la participación política de la oposición: Hay alcaldes presos y perseguidos por fiscalía, partidos suspendidos y unos cuantos – como Unidad Popular – ilegalmente en proceso de cancelación. Todo apunta a un apagón democrático y a la consolidación del autoritarismo.
Al fin y al cabo, el fraude más sofisticado no es el que ocurre en las urnas, sino el que se ejecuta antes que las urnas existan.
Es un momento crítico. La erosión de las libertades está conduciendo al país peligrosamente hacia una dictadura plebiscitaria, hacia una autocracia, en la cual sólo priman los intereses del dueño del Ecuador, entre alabanzas de su séquito de aplaudidores adiestrados y la complacencia del titiritero Donald Trump.
Ecuador merece elecciones limpias, en su fecha, sin proscripción de opositores, con árbitros neutrales. Es el pueblo quien debe decidir.
Francisco Escandón Guevara


 Estas son las causas por las que investigan a los alcaldes de las 3 ciudades principales de Ecuador

Pabel Muñoz, Aquiles Alvarez y Cristian Zamora, alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca, son investigador por la FGE por distintas causas.

Los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca, Pabel Muñoz, Aquiles Alvarez y Cristian Zamora, respectivamente, enfrentan investigaciones por presuntos delitos que van desde irregularidades en contratación pública hasta delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito.   

Las causas que involucran a los alcaldes de las tres principales ciudades del país se encuentran en desarrollo y en distintas etapas procesales. En todos los casos, las diligencias forman parte de investigaciones impulsadas por la Fiscalía General del Estado, algunas de ellas abiertas de oficio.

En varios de estos casos, la Fiscalía ha iniciado actuaciones de oficio o a partir de informes de entidades como la Contraloría, en el marco de su competencia constitucional.

A continuación un detalle de los casos en los que se investiga a los tres alcaldes

Quito: investigación por contratación en transporte municipal

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, es investigado dentro de un proceso relacionado con la adquisición de 60 unidades de trolebuses eléctricos.

El funcionario acudió a rendir su versión ante la Fiscalía el pasado 24 de marzo de 2026, como parte de una indagación previa sobre posibles irregularidades en este proceso de contratación pública.

Hasta este lunes 30 de marzo del 2026, la investigación se mantiene en fase preliminar y no se han informado cargos formales. El caso se enmarca en las competencias de la Fiscalía de iniciar investigaciones de oficio o a partir de alertas de entidades de control sobre contratación estatal.

Guayaquil: delincuencia organizada, lavado de activos y combustibles

En Guayaquil, el alcalde Aquiles Alvarez enfrenta varios procesos penales. El principal es el denominado caso “Goleada”, en el que la Fiscalía investiga una presunta estructura de delincuencia organizada vinculada a lavado de activos y defraudación tributaria.

Por este caso, Alvarez fue detenido en febrero de 2026 junto a sus hermanos Xavier y Antonio, y otras 11 personas más que estarían presuntamente involucrados en el caso. El alcalde cumple prisión preventiva en la cárcel de El Encuentro, mientras duran las investigaciones en este caso.






De forma paralela, el alcalde también ha sido vinculado a otro expediente conocido como caso “Triple A”, relacionado con la presunta comercialización ilegal de combustibles, actividad que habría ocurrido antes de asumir funciones municipales.

Por este caso el burgomaestre inicialmente recibió medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Sin embargo, un juez le dictó cárcel por incumplimiento.

Cuenca: presunto enriquecimiento ilícito

En Cuenca, el alcalde Cristian Zamora es investigado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

La Fiscalía General del Estado ejecutó allanamientos en su vivienda en marzo de 2026 tanto en la Alcaldía como en su vivienda, dentro de una investigación previa que busca determinar un posible incremento patrimonial no justificado.

De acuerdo con la información oficial, durante los operativos se recabaron indicios como dispositivos electrónicos y documentos.

La indagación se habría originado tras información remitida por la Contraloría General del Estado. El proceso se encuentra en etapa inicial y no se han anunciado medidas cautelares en su contra.






 QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO

Por Jaime Cedillo F.
"5 MILLONES 807 MIL DÓLARES DEBE PAGAR LA EMOV AL CONSORCIO MOVIL TECHNOLOGY PARA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO"
El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, dice que ama a la ciudad, pero la endeuda para premiar económicamente a una empresa corrupta y lesiva, que instaló fotorrradares para "meter la mano" en los bolsillos de los ciudadanos.
Zamora en campaña y ya en el cargo, vociferó sobre las ganancias millonarias que obtendría la empresa que se sacó la lotería, gracias a un proceso plagado de irregularidades, tal como denunció en varias oportunidades, demostrando ante los medios de comunicación, frente a la pizarra, con números, la rentabilidad del intermediario. "Tengo toda la documentación legal y técnica para demostrar que el contrato es corrupto y lesivo", decía. "Sólo entre marzo y abril de este año, las ganancias alcanzaron los 400 mil dólares, y han facturado cerca de 4 millones", declaraba el gerente de la EMOV, Darío Ordóñez.
Por su parte, el concejal Gustavo Valencia, de la Comisión de Movilidad, que resultó electo en la lista de Zamora, declaró que es un "proceso viciado de defectos y corrupción; que no debemos los cuencanos indemnizar a la empresa, porque es un perjuicio para la ciudad".
Cómo es posible que la administración municipal haya acordado cancelar una suma millonaria a la empresa "corrupta", y jactarse de que ha cumplido con la promesa de campaña, montando un show cínico y de mal gusto, como una forma burda de mofarse de los ciudadanos; cuando lo honesto era de que presente la documentación en la Contraloría General del Estado, para que proceda con el análisis de manera inmediata; a la vez, la denuncia ante la Fiscalía para que investigue, y si comprobare que se ha cometido un delito, los autores y cómplices sean enjuiciados penalmente. A la corrupción no se la recompensa, se la castiga de manera ejemplar.
Desde esta trinchera de El Observador, medio de comunicación, que no se compra ni se vende, hacemos un llamado a las instituciones y autoridades, llamadas a velar por la transparencia, honestidad y cuidado de los sagrados recursos públicos, para que procedan de manera urgente, sin contemplaciones, y paren este monumental atraco a la ciudad Patrimonial, cometido con descaro y desparpajo.
"NUNCA JUZGUES AL HONESTO POR LA CRUDEZA DE SUS VERDADES; MEJOR CUÍDATE DEL HIPÓCRITA POR LA DULZURA DE SUS MENTIRAS".
EL OBSERVADOR
AGOSTO 2023


 DEMANDANTE Y FUNCIONARIA MUNICIPAL.

30/01/2024 16:22 ENVIO DEL PROCESO A CORTE NACIONAL (RAZON)
RAZON: Siento como tal que el día de hoy remití a través de la oficina de envío de correspondencia de la Dirección Provincial del
Consejo de la Judicatura del Azuay el Juicio Contencioso Administrativo No. 01803-2021-00345, seguido por los señores MARIA DEL CONSUELO ORELLANA PACHECO Y JAVIER EFRAIN GALINDO GALINDO, en contra del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cuenca en las personas de su Alcalde y Procurador Síndico, y la Procuraduría General del Estado en la persona de su Directora Regional en esta ciudad; proceso que se remite en (5744) fojas contenidas en (60) cuerpos con Of. N°. 00041- TDCAC-2024, para su envío a la SECRETARIA RELATORA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE
NACIONAL DE JUSTICIA.



 NI LA "GUGA" AYALA SE ATREVIÓ A TANTO


 BOMBA EN BRASIL: El "Lulagate" previsional que podría devolver al "dictador" a la cárcel

Brasil contiene la respiración ante lo que se perfila como el escándalo de corrupción más devastador de su historia reciente, un terremoto político que amenaza con derrumbar el actual gobierno.
La noticia es URGENTE y está haciendo temblar los cimientos del Palacio del Planalto: desde la frialdad de su celda, el banquero Daniel Vorcaro ha comenzado a "cantar", y sus revelaciones apuntan directamente al corazón del poder, amenazando con arrastrar al dictador Lula da Silva de vuelta a prisión.
La trama, bautizada mediáticamente como el caso "Master", no es un simple desvío de fondos; es un saqueo sistemático a la dignidad de los trabajadores brasileños. Vorcaro, acusado de un fraude colosal de $7.600 millones de dólares, se encuentra en avanzadas negociaciones de colaboración con los fiscales federales.
El botín total bajo investigación asciende a la astronómica cifra de 10.900 millones de dólares, dinero que presuntamente fue drenado del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS).
El mecanismo del robo al pueblo
Según las investigaciones, la organización criminal operaba mediante una sofisticada estructura financiera que manipulaba datos y simulaba solvencia para desviar fondos destinados al sistema previsional. Es decir, se robaron el dinero de las jubilaciones y pensiones de los brasileños más vulnerables para enriquecer a una élite corrupta.
Lo que convierte esta situación en un polvorín político es que Vorcaro no solo posee las pruebas del fraude, sino que tiene los nombres de quienes autorizaron y se beneficiaron del esquema. Y el nombre que más resuena en los pasillos de la justicia es el de Luiz Inácio Lula da Silva.
El círculo íntimo en la mira y el retorno de la pesadilla
La onda expansiva de la colaboración de Vorcaro no se detiene en el presidente. La investigación ya alcanza vínculos comprometedores con empresas de Fabio Luis Lula da Silva, alias "Lulinha", hijo del mandatario, y salpica peligrosamente al exministro de Justicia, Ricardo Lewandowski. La tesis de los fiscales es aterradora por su simplicidad: una red mafiosa que operaba con la venia y protección del más alto nivel del Estado.
Para el pueblo brasileño, esto representa la reaparición de una pesadilla que se creía superada tras el escándalo del Lava Jato. El acuerdo de colaboración que negocia el banquero preso podría implicar directamente al dictador brasileño en el mayor escándalo de corrupción previsional jamás registrado. Las pruebas que Vorcaro promete entregar podrían abrir la puerta a nuevas y contundentes imputaciones judiciales que harían inevitable su regreso a prisión.
Brasil se encuentra en una encrucijada histórica. Si la justicia avanza sin interferencias políticas, este caso no solo definirá el futuro de Lula da Silva, sino la integridad misma de la democracia brasileña ante el saqueo de lo público. La tensión es máxima y el desenlace, inminente.