LOS DERECHOS DE LAS MUJERES NO PUEDEN DEPENDER DEL COLOR POLÍTICO

Cuando la víctima es correísta, hablan de derechos. Cuando no lo es, gritan persecución. Así de brutal es la doble moral política que hoy exhibe RC5.

Los correístas llevan años defendiendo a la Constitución de Montecristi como la “constitución de los derechos”, especialmente los derechos de las mujeres. Y tienen razón: la violencia política de género es grave y debe sancionarse, sin importar ideologías.

Pero ahora, tras la sanción del TCE a Cristian Zamora por violencia política de género contra Diana González, aplicada bajo el artículo 280 del Código de la Democracia, el correísmo intenta instalar otro relato: que todo fue ordenado desde “la dictadura” de Carondelet para bloquear una candidatura. De pronto, la discusión ya no es la violencia denunciada ni los derechos de una mujer, sino una supuesta conspiración política.

Y ahí queda expuesta la hipocresía. Porque cuando RC5 defendió a Paola Cabezas por la violencia política ejercida en su contra por Niels Olsen, jamás dijeron que las denuncias eran una maniobra del poder. Al contrario: invocaron Montecristi, reparación y protección de derechos incluso después de disculpas públicas. Exigieron sanciones y se presentaron como defensores de las mujeres.

Pero ahora que el sancionado es un aliado político, las mismas voces relativizan el hecho, atacan al sistema y convierten a Zamora en víctima. Convenientemente se olvidan de Diana González y del fondo del caso: una denuncia por violencia política de género.

La pregunta es inevitable: ¿la violencia política solo existe cuando la denunciante es correísta? ¿Los derechos de las mujeres valen únicamente si sirven al relato político de RC5?

Y sí, Cristian Zamora tiene derecho a apelar. Así funciona el debido proceso. Pero una apelación no borra la obscena doble moral de quienes usan los derechos de las mujeres como arma política cuando les conviene y los desechan cuando afectan a los suyos.

Los derechos no pueden ser garrote para enemigos y blindaje para aliados. Si Montecristi sirve para defender a Paola Cabezas, también debe servir para proteger a Diana González y sancionar a Cristian Zamora. Lo demás es puro cinismo político.

Dr Fernando Arias

 Se hizo justicia. Todos fuimos testigos de la violencia con la que el alcalde arremetió contra Diana Gonzalez, la forma con la que la atacó en redes sociales y como trató de impedir que se audite su gestión (que es deber de todo concejal). Definitivamente, se hizo justicia. Zamora deberá pagar una multa de USD 12.050 y completar un curso de sensibilización sobre violencia de género tras la denuncia presentada por la concejala Diana González. Espero que eso deje la lección de que se debe tratar a la gente con respeto y no jugar con la dignidad de nadie. Veamos si aprueba el curso de no violencia.

Algo que debo reconocer es que Christian Zamora tiene una gran facilidad de palabra, que le da la experiencia en política. Pero es muy poco ético hacer lo que está haciendo con su discurso. Al tratar de convertir un asunto personal con bases jurídicas y evidencias reales en "un ataque a la ciudad", lo que está haciendo es polarizar a la ciudadanía haciéndole sentir que se trata de un ataque a la ciudad y no a su persona. Apelando a ese sentimiento de ataque a la población, provoca el enojo de una parte de la ciudadanía y divide a la opinión, incitando indirectamente a la violencia.

Eso no es ético. Convierte un asunto personal en el cual el es el agresor, en una riña ciudadana dónde el ser auto-convierte en la víctima. Y claro, dado el pasado político de este país, la gente cae de lleno en su engaño. Eso para mi es peor que el cargo por el cual se le impugna. Triste realidad ... solo hace falta leer los comentarios de este post para darse cuenta de que una gran parte de la ciudadanía cayó de lleno en su trampa. En lugar de enfrentar la acusación y aceptar su error, como un hombre de bien y valiente, pasó el problema a la ciudad y la dividió.

Gustavo Morejón

 Jaime Rene Cedillo Feijóo.

Saludos cordiales y es evidente que desde la distancia perdemos la hipermetropía política porque en Ecuador y en Cuenca ahora la gente está acostumbrada a ver todo lo que pasa en otro lado a llorar por Venezuela por Colombia y no se dan cuenta que las acciones están hundiendo a nuestra parte .

A los años vuelvo ahora a leer ese proverbio que está lleno de la sapiencia de nuestros antepasados: y ante esa escalada de lucha, incremente entre los correas y los que no son en Cuenca, entre la gente, honrada caballerosa y de principios que fueron sembrados en el corazón de los cubanos y entre los que llegaron ahora y aceptan cualquier cosa con tal de no perder sus cinco minutos de fama!

Por fin, en los medios se ve a mucha gente defendiendo que la palabra fulana no tiene el contexto que le dio el alcalde, pero así como se dan el gusto de para poder pelear bien entrar al diccionario de la Rae, deben entrar al inteligencia artificial, y con una sola pregunta pondrán por los suelos a quien allí merece estar. Me permito hacer una anotación a su excelentísimo comentario.

Efectivamente en el lenguaje diario y de uso genérico: FULANO/A. Es un comodín lingüístico equivalente a "alguien" o "una persona cualquiera" (por ejemplo: "Estaba hablando con un fulano"). Pero a continuación en el diccionario de la RAE dice. Uso despectivo: Particularmente en femenino, la palabra “fulana” también está registrada en el diccionario con el significado de prostituta. PARA TERMINAR: una ligera anotación de inteligencia artificial, para que no se diga que están a favor o contra o acusando o defendiendo a nadie dice de lo que usted anota : Pero si preguntamos a la inteligencia artificial, qué pasa si un alcalde en funciones dice fulana a un concejal o a cualquier autoridad en funciones que nos responde sencillito ahí le va al que se cree DUEÑO DE LOS 5 RÍOS COMO SE AUTODENOMINA

Si un alcalde se dirige a una concejala u otra autoridad de elección popular; llamándola "fulana" durante el ejercicio de sus funciones, el caso puede escalar rápidamente a la vía legal, política y administrativa, dependiendo de la gravedad y el contexto.Las principales consecuencias que se derivan de este tipo de trato incluyen:Infracciones legales por violencia de género o acoso: En múltiples jurisdicciones, el uso de términos despectivos hacia una mujer en el ámbito político constituye violencia política de género.Sanciones administrativas y electorales: Las autoridades electorales o disciplinarias correspondientes pueden imponer sanciones que van desde fuertes multas económicas hasta la suspensión de los derechos políticos del alcalde (lo que le impediría ejercer el cargo o postularse a la reelección).

Anita Cecilia Duran

 

EL VERDUGO DE LAS MUJERES

Por Jaime Cedillo F.

SIEMBRA VIENTOS Y COSECHARÁS TEMPESTADES

"Significa que las malas acciones o actitudes destructivas siempre terminan generando consecuencias mucho peores, multiplicadas o incontrolables".

Cobardes vociferaba el alcalde Zamora, cuando todos sabemos que el cobarde es él, siempre lo ha sido, desde que asumió como concejal, primero, y luego en el cargo de burgomaestre, con una votación insignificante, de apenas el 18 y algo más por ciento; dedicado a atacar a las mujeres con un lenguaje violento, sin contemplaciones. La señora Ruth Caldas, exconcejal, en su momento, denunció que fue agredida verbal y físicamente por Cristian Zamora Matute, pero el caso no fue judicializado como debía haber sido, para sancionar al victimario, sentar un precedente.

Ahora que el juez del Tribunal Contencioso Electoral, le castigó con la suspensión de sus derechos políticos por seis meses, una multa de 12 mil dólares y la obligación de aprobar un curso sobre sensibilización y prevención de la violencia de género, en un plazo máximo de sesenta días, dispara sapos y culebras en contra del Tribunal Contencioso Electoral. Me vale el TCE, son babosadas, dijo, al tiempo que afirmó que apelará la sentencia, está en su derecho, así como el Tribunal de segunda instancia también está en su derecho de confirmar la sentencia, sin dejarse amilanar por amenazas ni intimidaciones, tal como ha sucedido con el juez de primera instancia que ha recibido un mensaje de muerte de parte de la delincuencia organizada, por atreverse a juzgar al eterno infractor de las buenas costumbres. Cuenca, en los últimos tres años, ha sido testigo del comportamiento indebido, bochornoso, e indecoroso.

La señora Diana González Arteaga, concejal, presidenta de la comisión de fiscalización del concejo cantonal, una de las tantas agraviadas, cansada de tanto atropello en su contra, a su dignidad, decidió tomar al toro enfurecido por los cuernos, reunió las pruebas de las injurias y con la ayuda de profesionales del derecho presentó la demanda en el TCE, y esperó con paciencia el pronunciamiento de la justicia electoral.

Hasta que llegó el día en que brilló la luz de la justicia al final del túnel. Un día antes, otro juez del mismo organismo, negaba las demandas de los ciudadanos Juan Esteban Guarderas y Leonardo Morales Ordóñez, por proselitismo político. En este caso, Zamora proclamaba a los cuatro vientos el fallo, que era justo, en derecho, honesto; pero cuando llegó la siguiente resolución, vociferó, amenazó con tomarse Cuenca, que ya van a ver, que es ilegal, antidemocrático, con tintes políticos, que es persecución, que el pobre angelito no ha hecho nada, sólo ha ejercido su derecho de humillar a la señora concejal, a la mediocre, a la limitadita, a la poltrona, a la tontita, a la que no tiene nada en el cerebro, a la recadera política, a la González, así han sido sus respuestas cuando la señora edil le pedía cuentas por sus actuaciones al margen de la ley, por los contratos direccionados, con sobreprecios, por el derroche del dinero de la ciudad en conciertos, en tarimas, en fiestas, borracheras, en el reparto entre sus agnados y cognados, al final, decía hago lo que a mi me da la gana, es mi derecho, aquí todos pagan por el cargo que les doy, es mi potestad expresaba con cinismo y en público.

LANZA LA PIEDRA Y ESCONDE LA MANO

Pero esta triste historia de malos ejemplos, de agresiones sistemáticas, alocadas, enfermizas, han continuado a pesar que de manera hipócrita, pidió perdón a las mujeres ofendidas por sus exabruptos. "Soy un ser humano", decía, y acto seguido presentaba una demanda penal en contra de la señora concejal Diana González, por injurias. Sí, el injuriador profesional, acostumbrado a lanzar la piedra y esconder la mano, no se ha presentado en las dos convocatorias de audiencias del juicio, eso se llama no dar la cara, abandono, cobardía; en cambio, la demandada acudió puntual a las citas con la justicia, con la frente en alto y las manos limpias, cosa que Zamora no ´puede hacer, porque todos sabemos en Cuenca, hasta sus esbirros y adulones, de qué pata cojea, sus debilidades y sus intenciones.

LEGISLACIÓN ECUATORIANA EN MATERIA PENAL

En los delitos de ejercicio privado de la acción (como las injurias y las calumnias), la inasistencia injustificada del querellante da lugar a que el juez declare desierta la querella. (artículo 60 del COIP).

Si la defensa del querellado lo solicita, el juez tiene la obligación de calificar la querella. Si se determina que fue maliciosa, el querellante podría enfrentar responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados a la otra parte por el proceso judicial.

El Observador

 La sentencia de primera instancia emitida por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) contra el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, provocó que dos mujeres que han mantenido enfrentamientos con el burgomaestre se pronuncien sobre el tema. Ellas defienden la resolución como un acto de justicia frente a lo que consideran años de violencia política de género.

El pasado 28 de mayo, el juez electoral Joaquín Viteri resolvió suspender por seis meses los derechos de participación política de Zamora tras aceptar una denuncia presentada por la concejala Diana González Arteaga. Además, dispuso una multa de USD 12.050 y la obligación de asistir a un curso sobre sensibilización y prevención de violencia de género.

La sentencia aún no está en firme y deberá ser revisada por el Pleno del TCE, en donde se presentó una apelación. No obstante, el fallo ha sido recibido como una reivindicación por mujeres que durante los últimos años han cuestionado la conducta del alcalde.

"El fallo fue actuado en derecho".

En declaraciones a El Telégrafo, Diana González sostuvo que la resolución responde a un proceso sustentado en pruebas documentales y testimoniales recopiladas durante varios meses.

Según explicó, durante la audiencia presentó entre 25 y 30 elementos probatorios contenidos en 44 hojas de alegatos que, a su criterio, evidencian una conducta de violencia política ejercida desde el año 2024.

"La defensa del alcalde presentó una única prueba: mis asistencias a las sesiones del Concejo Cantonal", señaló.

Para González, la controversia comenzó cuando inició procesos de fiscalización relacionados con contratos municipales durante las festividades de Cuenca.

La concejala recuerda que, después de esos cuestionamientos, Zamora la calificó públicamente como una "recadera política".

"¿Qué quiere decir eso? ¿Qué no pienso?", cuestionó.

Sin embargo, asegura que los ataques fueron más allá de esa expresión.

Uno de los episodios que expuso ante el Tribunal se relaciona con una publicación realizada por el alcalde en torno a un caso de presunto abuso infantil que involucraba a una exfuncionaria municipal.

"Se refirió a mí como una actora política que apoya a abusadores de niños. Yo con ese caso no tengo absolutamente nada que ver", afirmó.

Las acusaciones que motivaron la denuncia

González sostiene que durante los últimos dos años fue vinculada públicamente con hechos que jamás ocurrieron y que afectaron gravemente su reputación.

Recordó que en 2025 cuestionó un evento patrocinado por el Municipio, en el que un influencer protagonizó una boda simbólica con una adulta mayor.

"Causó el rechazo de gran parte de la sociedad cuencana. Yo me pronuncié como presidenta de la Comisión de Género e Inclusión porque me pareció una vulneración de derechos", explicó.

Según la concejala, la respuesta del alcalde fue volver a relacionarla con un supuesto encubrimiento de delitos sexuales.

"Me acusó de haber apoyado y callado ante un abusador sexual de una menor. Yo jamás estuve al frente de Acción Social Municipal cuando ocurrieron esos hechos", aseguró.

Añadió que incluso se difundieron publicaciones en redes sociales donde aparecía su fotografía junto a ese tipo de acusaciones.

"El 'fulana' es mínimo para emitir esta sentencia. Dentro de las pruebas existen acusaciones gravísimas y falsas en mi contra como encubridora de abusadores", manifestó.

"La perseguida he sido yo".

Otro de los hechos incorporados al expediente está relacionado con una denuncia penal presentada por Zamora a inicios de 2026.

El alcalde la acusó de haberlo responsabilizado por el aborto espontáneo sufrido por una funcionaria municipal.

González sostiene que jamás realizó esa afirmación.

"Cuando los medios me abordaron dije claramente que no podía responder por declaraciones de otras personas, pero que conocía del caso", explicó.

Según la edil, durante las audiencias el alcalde no ha presentado pruebas que respalden dicha acusación.

"Yo soy inocente de lo que se me acusa", sostuvo.

La concejala también rechaza las versiones que atribuyen la denuncia a una estrategia electoral. Esto debido a que las elecciones seccionales fueron adelantadas para este 29 de noviembre de 2026, en lugar de realizarse el 2027.

"Cuando presenté la denuncia ni siquiera sabía que el CNE iba a adelantar las elecciones. Yo no escogí cuándo el alcalde volvió a atacarme ni los tiempos del Tribunal", afirmó.

"Se ha pretendido instalar un discurso de persecución política, pero la perseguida he sido yo", agregó.

"Al fin se hizo justicia para nosotras"

Para González, el caso trasciende las disputas partidistas. "En vez de decir que esto es persecución política, ¿por qué mejor no nos alegramos de que al fin se hizo justicia para nosotras?", cuestionó.

La concejala considera que el proceso puede convertirse en un precedente para futuras denuncias.

"Este caso debe dejar un precedente histórico para que dejemos de analizar estos temas desde nuestras conveniencias políticas", señaló.

También advirtió sobre lo que considera un deterioro del debate democrático local.

"Estamos corriendo un peligro gravísimo al pretender que quienes pensamos diferente guardemos silencio".

Teresita Bermeo: "Las mujeres vemos este fallo con buenos ojos".

Otra de las voces que respaldó la resolución es Teresita Bermeo, activista por los derechos de las mujeres, quien en 2024 también denunció a Zamora ante el TCE por presunta violencia política de género.

Aunque su caso fue archivado en 2025 debido a que el Tribunal determinó que no cumplía los requisitos legales para ser considerada sujeto protegido bajo esa figura, Bermeo sostiene que la sentencia a favor de González representa un mensaje importante.

"La política no puede estar enfocada en maltratar a las mujeres por realizar fiscalización", afirmó.

La activista recuerda que fue calificada por Zamora como "recadera política" luego de denunciar presuntos casos de nepotismo y cuestionar el incremento de las tarifas de agua potable.

"El término recadera política no tiene ninguna relación con mi trabajo de fiscalización ni con mi activismo que lleva años", manifestó.

Bermeo sostiene que las consecuencias de este tipo de expresiones trascienden el ámbito político.

"Las familias también sufren las consecuencias de estos epítetos", dijo.

"Por eso muchas mujeres no quieren entrar en política"

La activista considera que el tratamiento que reciben algunas mujeres cuando cuestionan a figuras de poder termina alejándolas de la participación pública.

"Por esta razón es difícil que las mujeres se involucren en política, por la manera en que nos tratan", afirmó.

También cuestionó la estrategia jurídica del alcalde frente a quienes lo critican.

"El alcalde de Cuenca ha perseguido a todas las mujeres que se oponen a él con demandas", sostuvo.

Y agregó una reflexión directa sobre la situación judicial que enfrenta actualmente el burgomaestre:

"Si él no puede candidatizarse no es por culpa de las mujeres. Es porque no actúa correctamente desde el poder".

FUENTE: DIARIO EL TELÉGRAFO

 Roberto Luque visitando las instalaciones de Progen en EEUU junto a John Manning.

 

Comisión técnica recomendó no contratar a Progen, pero Ecuador firmó primer contrato por casi USD 20 millones

Una comisión técnica recomendó no avanzar con la contratación, pero la empresa terminó adjudicándose la repotenciación de la central termoeléctrica Catamayo.

Por Héctor Hernán Higuera

02 Junio 2026 • 13:56

Pese a que una comisión técnica de la Empresa Eléctrica Regional del Sur recomendó no firmar contratos con la compañía estadounidense Progen, las autoridades terminaron adjudicándole un proyecto. Fue, además, la primera ocasión en que la empresa incluyó la figura del pago de anticipos, mecanismo que posteriormente replicó en los contratos de Salitral y Quevedo.

El caso Progen continúa dejando más preguntas que respuestas. Incluso la Fiscalía aún no ha logrado esclarecer varios aspectos relacionados con las contrataciones realizadas durante la emergencia eléctrica de 2024.

Ahora se conoce que John Mainning, uno de los CEO de Progen, supo en enero de 2024 sobre las oportunidades de negocio que podían surgir en Ecuador. Entonces envió una carta de representación a Juan Pablo Burgos, representante de la empresa All Energies.

“Con la excelencia y amplia experiencia en el sector energético los convierten en el socio ideal para introducir y respaldar nuestros productos estrella en el mercado ecuatoriano”, señala el documento.

La propuesta estaba relacionada con la repotenciación de la central termoeléctrica Catamayo, incluyendo almacenamiento de combustible, equipos auxiliares y la puesta en marcha de unidades de generación para la Empresa Eléctrica Regional del Sur.

Según la oferta, Progen proporcionaría generadores nuevos, instalados en un solo contenedor y con las características requeridas por el Estado ecuatoriano. Alex Cabrera, funcionario de All Energies, promocionaba el paquete de dos generadores por USD 19,8 millones.

El 2 de abril de 2024, Progen ratificó la representación otorgada a All Energies. Sin embargo, apenas tres días después, el 5 de abril, Juan Pablo Burgos y su equipo recibieron un correo electrónico informándoles que dicha autorización había sido revocada.

“Les rogamos que acepten este correo electrónico como notificación de que su condición de representante autorizado de Progen ha sido rescindida oficialmente. La carta adjunta, ‘Carta de Representación Autorizada de Progen [3459]’, ha perdido su validez inmediata”, indicaba el mensaje.

Para entonces, en el sector eléctrico ya existía preocupación por una inminente crisis energética. El escenario se agravó antes del 16 de abril de 2024, fecha en la que Roberto Luque asumió el Ministerio de Energía.

Desde ese momento, Progen empezó a mantener conversaciones al más alto nivel y los trámites para la contratación comenzaron a avanzar. Byron Benalcázar, subsecretario de Generación y Transmisión, emitió un pronunciamiento favorable para la repotenciación de la central Catamayo. Posteriormente, el contrato fue firmado por el gerente Richard Vaca con el visto bueno de José de Oliveira, asesor jurídico del Ministerio de Energía, a quien el ministro Luque había encargado el seguimiento de los procesos de emergencia.

De esta manera, Progen consiguió en menos de dos meses su primer contrato en Ecuador por aproximadamente USD 20 millones, pese a las advertencias sobre un presunto sobreprecio cercano al 30 %.

En paralelo, los esposos Karla Saud y José Manrique —quien, según Byron Orozco, exgerente de Termopichincha, se presentaba en el sector eléctrico con el nombre de Walter Suárez— ya conocían detalles de los contratos que el Estado se preparaba para firmar.

Finalmente, Progen se estableció formalmente en Ecuador el 18 de julio de 2024. Un mes antes, el ministro Roberto Luque se había reunido en Estados Unidos con John Mainning y Karla Saud.

 

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