Caso Balda: la ONU aboga por Correa y provoca una sacudida diplomática
En una carta de nueve hojas, el relator especial para la Independencia de Magistrados y Abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Diego García-Sayán, pide atención urgente sobre la información de un supuesto incumplimiento de las obligaciones estatales de proteger, respetar y garantizar la independencia e imparcialidad de los tribunales encargados de las investigaciones respecto de los procesos iniciados contra Correa. Pero sin mencionar las pruebas que ha conseguido la Fiscalía para señalarlo como posible autor del secuestro de Balda. La comunicación fue notificada con formalidad diplomática y Cancillería tiene 60 días para responder.
04 de febrero del 2019
JEAN CANO
Plinio Apuleyo Mendoza es uno de los más destacados periodistas y escritores de Colombia. El 17 de marzo del 2017, en su espacio de opinión del diario El Tiempo, dedicó unos pensamientos a la justicia especial para juzgar a los miembros de la narcoguerrilla de las FARC. La columna fue muy crítica y la idea central es que ese tribunal especial, impulsado por el expresidente Juan Manuel Santos, iba a despojar a su país de institucionalidad y lastimaría la independencia del poder judicial.
Esta opinión trae un dato que ahora puede ser determinante para el futuro del caso Balda. Ese es el emblemático juicio penal en contra del expresidente Rafael Correa, por el que pesa una orden de captura internacional en su contra. La justicia del Ecuador determinó que hay suficientes elementos para establecer que en el secuestro del activista político Fernando Balda, ocurrido en Colombia en el 2012, participó Correa como autor.
Rafael Correa junto a Fernando Balda en el año 2007, cuando Balda era militante de Alianza Pais en el sector agricultor.
Apuleyo Mendoza junta dos nombres en esa columna: el español Enrique Santiago y el peruano Diego García-Sayán. “La sorprendente Jurisdicción Especial, propia de un Estado fallido, surgió en La Habana, sin duda por exigencia de las Farc. Su cerebro fue el abogado español Enrique Santiago. Miembro del Partido Comunista de su país, conoce de sobra las ONG europeas de su misma tendencia ideológica. A ella no deben ser ajenos los tres extranjeros designados para formar la Comisión Nominadora (de los jueces especiales)”, dice el escrito. Entre estos extranjeros estaba García-Sayán. Estos foráneos, escribió el periodista tienden a presentar como rebeldes a grupos armados que han surgido en sus países, pasando por alto sus acciones terroristas. “Tal fue la condescendencia de Gil Robles con ETA, la de García-Sayán con Sendero Luminoso y la de Juan Méndez con los Montoneros. No sería extraño que vean a las FARC como un movimiento insurgente y a nuestras Fuerzas Armadas como el malo de la película”.
Diego García -Sayán, relator de la ONU para la Independencia de Magistrados y Abogados.
Enrique Santiago es el abogado en España del exsecretario de la Senain, Pablo Romero, y Diego García Sayán es Relator Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). García ha recibido agrias críticas a su trabajo por ser un supuesto acólito de los extremistas y de ocasionar un rebrote del terrorismo, cuando fue Ministro de Justicia de su país.
Según Apuleyo, ambos serían cercanos. Pues bien, el 17 de enero, Santiago ofreció una rueda de prensa en Madrid, junto con líderes de Podemos e Izquierda Unida, partidos españoles defensores del Socialismo del Siglo XXI. Y, entre todos, denunciaron la supuesta persecución política en contra de Rafael Correa y el ex secretario de la Senain, Pablo Romero. Fue una ferrea defensa a sus coidearios.
Enrique Santiago, abogado español del ex director de la Senain, Pablo Romero y dirigente del Partido Comunista de España.
Coincidentemente, en esa rueda de prensa se mencionaron algunos de los argumentos que luego García-Sayán, investido con el cargo de Relator Especial, pidió en una carta que aclare el Estado Ecuatoriano.
La petición del relator García-Sayán
Once días después de esa rueda de prensa en Madrid, del líder del Partido Comunista español, Enrique Santiago, llegó la petición del Relator. Emilio Izquierdo Miño, representante permanente del Ecuador en la ONU, en Ginebra, fue el encargado de notificar al país. El 28 de enero último envió un memorando al canciller José Valencia, y otras autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde informó del pedido del relator Diego García-Sayán.
García-Sayán consulta sobre la falta de imparcialidad de los tribunales encargados de las investigaciones sobre los procesos iniciados en contra del expresidente Rafael Correa. Específicamente en el caso del plagio de Fernando Balda, debido a la orden de prisión internacional que se mantiene vigente, del cuatro de julio del 2018.
Correa, dice el relator, asegura que no tenía conocimiento del incidente de Balda. Cuestiona el nombramiento del fiscal general, Edwin Pérez Reina; aduce que la Asamblea Nacional no dio su autorización para su enjuiciamiento...
El documento, de nueve hojas, pide la atención urgente sobre la información de un supuesto incumplimiento de las obligaciones estatales de proteger, respetar y garantizar la independencia e imparcialidad de los tribunales encargados de las investigaciones respecto de los procesos iniciados contra Correa. Pero sin mencionar las pruebas que ha conseguido la Fiscalía para señalarlo como posible autor del secuestro de Balda.
Correa, dice el relator, asegura que no tenía conocimiento del incidente de Balda. Cuestiona el nombramiento del exfiscal general, Edwin Pérez Reina; aduce que la Asamblea Nacional no dio su autorización para su enjuiciamiento en el caso del secuestro, que cuando se ordenó la medida cautelar de presentarse en la Corte Nacional de Justicia vivía en Bélgica, y que pese a que quiere colaborar se emitió la orden de captura internacional.
Para Correa hay una sistemática persecución política en su contra. Y que, supuestamente, Correa asegura que las persecuciones iniciaron cuando él expresó su desacuerdo con las políticas del actual gobierno de Lenín Moreno. “Quiero expresar mi preocupación por los procesos judiciales de presunta motivación política iniciados contra el expresidente Correa”, escribió el relator Diego García-Sayán. Y pide la cooperación del Gobierno para clarificar las alegaciones de Correa.
Son ocho puntos relacionados con el caso, entre estos: el nombramiento del exfiscal Pérez, la evaluación a Daniella Camacho, la jueza que ordenó la prisión; el papel de la Asamblea Nacional para dar paso al caso Balda contra Correa, los motivos para la orden de captura internacional. Y, finalmente, las acciones del Estado para asegurar la independencia del poder judicial en el Ecuador.
La jueza Daniella Camacho, quien sustentó el juicio por el secuestro de Fernando Balda. El relator de la ONU también cuestiona su evaluación e independencia.
García-Sayán dio un plazo de 60 días para una respuesta definitiva sobre ocho inquietudes nacidas de las entrañas de la defensa judicial del incriminado por secuestro. El Relator pide las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades, y que el Gobierno imponga sanciones a los responsables de las violaciones alegadas…
García-Sayán es contundente en el pedido. La semana pasada ese documento de nueve páginas llegó a la Cancillería, al Consejo de la Judicatura, a la Corte Nacional de Justicia, y a algunos especialistas en el sistema de justicia y de derechos humanos. Provocó conmoción en las autoridades y los especialistas. Algunos de ellos, desconcertados, ya preparan la respuesta para el Relator.
¿El Relator se tapó los ojos ante las críticas a Rafael Correa?
Rafael Correa mantiene una gran capacidad de generar ruido exterior sobre su caso. Pero en sus alegatos desvía la atención de las pruebas que lo han incriminado como el autor intlectual del secuestro del activista Fernando Balda.
Diego García-Sayán no es un desconocido para los especialistas en temas de justicia del Ecuador. A diferencia de lo categórico en el caso de los alegatos de Correa, no ha contestado un pedido de revisión de la justicia del país del 31 de octubre del 2017. En esa fecha los activistas y periodistas María Dolores Miño, Martha Roldós, Ramón Muñoz y Luis Verdesoto escribieron 25 páginas sobre cómo Rafael Correa metió las manos a la justicia, con la ayuda incondicional del Consejo de la Judicatura.
Hay casos específicos, se mencionan también los informes del especialista Luis Pásara y de la ONG Human Rights Watch, las observaciones de la propia ONU, denuncias de injerencia reveladas a través de correos electrónicos, y el blindaje en la Asamblea Nacional a Gustavo Jalkh, quien fue el presidente de la Judicatura.
El documento finaliza con solicitudes al Relator. Le piden las acciones necesarias para que a través suyo se inicien las investigaciones para aclarar los hechos denunciados en la extensa carta. Además, le solicitaron una visita al país para que pueda constatar de primera mano los casos que relataron.
Han pasado un año tres meses sin que García responda. Esto lo corroboró la especialista en Derechos Humanos y firmante del petitorio, María Dolores Miño.
Esto a diferencia del caso de Correa. Los abogados del exmandatario enviaron su petitorio en septiembre del 2018. Pasaron apenas cuatro meses y ya hay resultados.
Correa, el cuentista internacional
El expresidente Rafael Correa mantiene una gran capacidad de generar ruido exterior sobre su caso. Pero en sus alegatos desvía la atención de las pruebas que han aparecido en el juicio y que lo han incriminado como el máximo autor del secuestro del activista Fernando Balda. De hecho, la petición del Relator de la ONU no menciona una sola de las pruebas que la Justicia del país tiene en contra de Rafael Correa.
Aprovecha cualquier tribuna, sea en medios de comunicación, universidades, conversatorios en sedes de partidos y movimientos políticos, para proclamar la teoría de la conspiración política en su contra: porque la derecha quiere hacer la contrarrevolución. Porque el presidente Lenín Moreno lo odia. Porque la prensa nacional le tiene revancha. Porque la justicia ha sido comprada por sus enemigos.
Dos ejemplos. En una entrevista con el canal estatal alemán DW, de julio pasado, Correa dice que en el caso de Balda pudo existir un exceso policial y aseguró que a Fernando Balda nadie lo conocía sino hace pocas semanas.
Sin embargo, Balda hablaba a favor de correa desde 2006, era afiliado a Alianza PAIS. Así lo mostró el periodista Carlos Vera cuando todavía estaba en Ecuavisa. Enseñó fotos codo a codo con el expresidente desde el 2006, incluso junto con Hugo Chávez y Rafael Correa. Sí, lo conocía bien. Pero eso no menciona en sus intervenciones.
Otro ejemplo. Correa en una entrevista con CNN, publicada en el perfil de Facebook de esa cadena de noticias el 4 de enero de este año, asegura que el caso es una gran farsa. Dice que no hay pruebas en su contra y que uno de los sustentos de la Justicia, la operación Wilson, no se ejecutó en el 2012, año del secuestro, sino en el 2013. Aseguró que el agente de la Senain, Raúl Chicaiza, y Balda eran socios. Y que si regresa a Ecuador estuviera preso como Lula da Silva, de Brasil, Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, y perseguido como Cristina Fernández de Kirchner, de Argentina. Que todo esto hace quedar en ridículo al país. De nuevo, escondió las pruebas de la Justicia.
Las pruebas contra Correa en el caso Balda
La Fiscalía y la Corte Nacional de Justicia determinaron que hay varias pruebas que juegan contra los argumentos de Rafael Correa y su defensa. Es una lista extensa. Y entre los más importantes hay algunos que incluso salieron de las paredes de Carondelet.
Por ejemplo, la Justicia determinó que la Senain y la UGSI tenían interés en saber del paradero y actividades de Balda en Colombia antes del secuestro. Hay comunicados y pedidos de información en Ecuador y Colombia. Todo, según el auto de llamamiento a juicio, bajo las órdenes de Rafael Correa.
Además, el exsecretario de la Senain, Rommy Vallejo, y Homero Arellano quien fue ministro Coordinador de Seguridad, dijeron a la Fiscalía que la Senain respondía exclusivamente al Presidente. Chizaiza actuaba exclusivamente para la Senain y la máxima autoridad, el Secretario.
Además, un informe pericial efectuado por policías criminalistas certifica que en las conversaciones entre Romero, Chicaiza y Falcón se hace referencia a que Correa habría coordinado acciones para lograr el archivo de la investigación fiscal por el secuestro de Balda en Colombia.
Uno de los puntos contundentes para la Justicia es que en un Enlace Ciudadano, más conocidas como las sabatinas, Correa mencionó información que habría sido recopilada por Chicaiza para la Senain. En la sabatina 274 del 2 de junio del 2012 dijo que hay traidores a la patria, prófugos de la justicia, oposición de la derecha que se reúnen con Álvaro Uribe. Correa dijo además que esos supuestos traidores están pidiendo dinero para pagar a políticos y que no se postulen para la Presidencia en el 2013, con el fin de lanzar un solo candidato, tal como paso en Venezuela.
En el minuto 44 habla sobre el tema que es lo sustancial del informe de Senain y el espionaje a Uribe y los ecuatorianos que asistieron a ese encuentro, en Medellín, el nueve de mayo del 2012. Esas declaraciones las habría dado luego de que recibió los informes elaborados por Chicaiza y entregados secretamente a Romero.
Incluso hay audios donde Pablo Romero asegura que Correa no les quitará el apoyo a Chicaiza y Falcón, que estén tranquilos. La escucha es de 22 de abril del 2015.
Pero nada de esto habla Rafael Corea en sus intervenciones desde Bélgica y, claro, no está mencionado en el pedido de información del relator Diego García-Sayán.
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