El observador

Así se esfumó el informe sobre el asesinato del general Gabela

Este es otro caso de un informe que desaparece. Se trata del informe final del perito argentino Roberto Meza sobre el asesinato del excomandante de la FAE, general Jorge Gabela. Mientras el perito asegura que su trabajo fue entregado —y pagado— a satisfacción, con firma de responsabilidad y con sumillas, en el Ministerio de Justicia, solo aparecen papeles apócrifos. ¿Qué se quiere ocultar?

14 de mayo del 2018

REDACCIÓN PLAN V

¿Hubo o no un informe final, o tercer producto, de una consultoría internacional para investigar el asesinato del general Jorge Gabela, excomandante de la FAE? La esposa del general, Patricia Ochoa Santos, dice que el ministerio de Justicia, a cargo por entonces de Lady Zúñiga, le entregó un informe final en hojas simples, sin rúblicas ni firma de responsabilidad. El consultor argentino, Roberto Meza, quien vive en Sao Paulo, Brasil, había asegurado que él entregó ese informe con la debida firma, con todas las hojas sumilladas por él, y que cualquier otro producto no era el suyo y podía estar mutilado. En efecto, el mismo consultor había segurado que desde el minsiterio de Defensa, a cuyo cargo estaba entonecs María Fernanda Espinosa (actual canciller) se le había pedido que se retire del informe final toda la información relativa a la polémica sobre la compra de los helicópteros Dhruv, de la India. Una de las conclusiones del perito Meza, difundida por la familia, es que la muerte del  general Jorge Gabela no fue por delincuencia común, sino por actividades inherentes a su trabajo. 

El general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Jorge Gabela, fue baleado la madrugada del 19 de diciembre del 2010 en el vestíbulo de su casa, en una urbanización cerrada de la parroquia Samborondón, en las afueras de Guayaquil. Falleció tras diez días de hospitalización, luego de dos operaciones con las cuales los médicos intentaron salvar su vida. 

El general Jorge Gabela, primer comandante general de la FAE durante el gobierno de Rafael Correa, asesinado hace ocho años. 

Cuando el Ministerio del Interior detuvo, en abril del 2011, a cuatro personas supuestamente vinculadas con el crimen, lanzó la primera versión de que el asalto y asesinato del ex comandante de la FAE había sido el resultado de un intento de robo. Según declaró la familia del general, los asaltantes habían seguido el vehículo conducido por su hija Sofía, sortearon con facilidad la estricta seguridad del conjunto privado, ingresaron a la casa y dispararon contra el ex comandante delante de su familia.

Gabela fue comandante de la FAE entre enero del 2007 y abril del 2008; el primero en el gobierno de Rafael Correa Delgado. Durante su jefatura fue crítico de la compra de los helicópteros Dhruv a una empresa de la India. Tres procesos de adquisición previos fueron declarados desiertos durante su administración.  Gabela, en su calidad de comandante, había insistido ante el Comité de Contrataciones de la FAE que esas naves indias no tenían garantías técnicas suficientes para operar en el Ecuador. No solo eso, sino que su adquisición era la entrada del gigante asiático al mercado de América Latina y  Ecuador, decía Gabela, era el conejillo de indias de esa operación comercial. Las naves tenían dificultades para maniobrar en la zona andina, entre otras limitaciones. Cuando salió del mando, Gabela continuó denunciando la compra de las aeronaves. Incluso compareció ante la Asamblea Nacional a una comisión investigadora. Ahí se ratificó en sus declaraciones en contra de la adquisición de los helicópteros. Durante su presencia ocurrió un incidente que abonaría a las sospechas de la familia del general sobre los móviles de su asesinato: el general Rodrigo Bohórquez profirió supuestas amenazas en contra del general cuando el comandante de la FAE caminaba por uno de los pasillos del Parlamento. Hay un video que registra este incidente. 

El general y su familia denunciaron las constantes persecuciones, vigilancia y escuchas telefóncias por parte de agentes del Estado. En eso estaba, cuando fue asesinado.

Pidieron que se sacara del informe algunos nombres

En octubre del 2012, el gobierno creó una Comisión Interinstitucional, mediante decreto del presidente Rafael Correa. El objetivo central era esclarecer el verdadero móvil y los autores intelectuales, “si es que los hubiese”, de la muerte del excomandante de la FAE. Meses antes, en abril del 2012, justicia había dictaminado que fue un caso de asalto común con muerte y sentenció a los autores materiales. Esa sentencia disparó las dudas entre la oposición política y los familiares del general asesinado.

Como cabeza de la Comisión, el Ministerio de Justicia, a cargo de Lady Zúñiga, contrató a la empresa Consultora Pericial, son sede en Brasil, a cargo del perito argentino Roberto Meza Niella. La consultora concluyó su trabajo en noviembre del 2013, incluyendo las observaciones hechas por los integrantes de la Comisión Interinstitucional.

Él dijo que el trabajo sobre el caso Gabela fue uno de los más completos, al que dedicaron seis meses. Y por el que recibieron un pedido del Ministerio del Interior, según Meza.

“En el caso Gabela pidieron que eliminemos algunas cosas, que si bien no cambiaban el resultado final del informe, eso comprometía de cierta manera el trabajo policial y hablaba a las claras de la violación de Derechos Humanos que la policía tiene hasta el día de hoy. Fue una de las cosas que me pidieron por E-mail y yo les contesté que no tenía ningún problema sacar eso, pero que yo no iba a firmar absolutamente nada, porque me parecía una injusticia total. Y ese es otro motivo por el que creo que no se le entrega ese informe a la familia Gabela”. Meza agregó que “Sí, hay nombres, fue un trabajo completo, muy grande. Sí hay nombres porque dentro de los términos de referencia se pedía responsabilidades, que se indique que personas habían incurrido en responsabilidades y esa fue la parte que nos pidieron que saquemos. Ahora resulta que en el contrato nos lo piden y como el resultado compromete a la Policía como institución, ahora piden que se lo saque”.

Patricia Ochoa, esposa del general Gabela no ha descansado hasta obtener una respuesta a sus dudas sobre las razones del asesinato de su esposo y padre de sus hijos. Foto: Archivo Diario El Universo

Alias Francis murió acribillado por un presunto sicario el diciembre del 2012, en Sauces 6 de Guayaquil.  Testigos relatan que un hombre caminó hacia el vehículo donde estaba Salazar Vargas junto a dos amigos, sacó una ametralladora y acribilló a los tres. Francis era el hombre que disparó contra Gabela.

Supuestamente, toda esa información estaría en el llamado tercer producto, o informe final. El perito, de acuerdo al contrato había entregado dos informes anteriores, llamados primer y segundo producto. El documento final, con las conclusiones que comprometerían al Estado ecuatoriano y al gobierno de Rafael Correa, es el que no aparece en los archivos públicos, sobre todo en el Ministerio de Justicia y en la Presidencia de la República, donde debiera permanecer. 

En el informe final que llegó a las manos de la familia existen muchos cabos sueltos respecto a las conclusiones. Pero uno de los temas "extraños" en esta investigación lo relató el propio perito Meza: “Derly David Salazar Vargas (alias Francis), sindicado como autor material del hecho, no es un  personaje ajeno a esta historia, ya que estuvo detenido en febrero del 2011 por este caso y luego puesto en libertad, según constancia”.  Salazar Vargas, efectivamente fue liberado, sin explicaciones, aunque había sido señalado como autor material del asesinato de Gabela. Luego fue detenido en diciembre del 2011 por haber asaltado un mes antes nada menos que al entonces fiscal Errol Elizalde. Alias Francis tenía una orden de captura cuando ocurrió su detención, por el presunto asesinato de un hombre. Salazar Vargas registraba cinco detenciones anteriores sobre todo por robo y sacapintas. Como no se tiene el informe completo, no se puede conocer aún porqué el perito Meza da ese nombre: en los registros de la prensa de la época no aparece vinculado al crimen de Gabela. Sin embargo, alias Francis murió acribillado por un presunto sicario el diciembre del 2012, en Sauces 6 de Guayaquil.  Testigos relatan que un hombre caminó hacia el vehículo donde estaba Salazar Vargas junto a dos amigos, sacó una ametralladora y acribilló a los tres. Luego se fue como si nada. Como el asesino no robó nada, el fiscal que conoció el caso dijo que se trataba, aparentemente, de un ajuste de cuentas.

El perito Roberto Meza, dijo que "las circunstancias de la liberación de Francis son muy sospechosas y recaen sobre el fiscal y ni hablar de las circunstancias de su muerte. Habría que preguntarle al fiscal por qué de la liberación, a ver qué argumenta. ¿Qué no es raro en ese proceso?"

El perito Meza hizo varios reparos

El perito argentino Roberto Meza.

El perito  que fue contratado para elaborar dicho informe presentó sus reparos desde Floreanópolis, Brasil, sede de su oficina. Cuatro fueron las observaciones de Meza.

1. La firma y sumillas existentes en el “acta de entrega-recepción” pertenecen al licenciado Roberto Meza Niella, esas hojas fueron sumilladas y firmada cuando se hizo entrega del informe pericial final (que es otro documento). Las páginas que la ministra Zúñiga entregó a la prensa no estaba sumilladas por el perito.

2. Esta acta de entrega recepción definitiva no refleja absolutamente nada el contenido del informe pericial que fuera entregado y “firmado” por el Licenciado Meza Niella, razón por la cual la consultoría fue paga. El acta de recepción definitiva es un paso formal dentro del procedimiento, que muestra a las claras que cumplimos con nuestro deber.

3. El acta de entrega recepción fue firmada como consta en el documento el 02 de septiembre de 2013 y los pedidos de “eliminación” de paginas vinieron sorpresivamente en el mes de mayo de 2014. Muchos meses después de entregado y aceptado el informe pericial final, pedidos a los cuales NO accedimos. Recordemos que los cambios en los gabinetes se produjeron en noviembre de 2014.

El decreto 1317, firmado el 3 de octubre del 2012 por el presidente Rafael Correa, dice entre sus motivaciones "que se debe conocer, investigar, analizar y emitir un pronunciamiento sobre las denuncias que realizó la señora viuda del senor general Jorge Gabela Bueno, ex comandante general de Fuerza Aérea Ecuatoriana sobre las circunstancias de su muerte". El Presidente creó el Comité Interinstitucional para pronunciarse sobre la denuncia de Patricia Ochoa Santos en torno a la muerte del general Gabela.

La Contraloría inció un examen especial a este proceso. En sus conclusiones evidencia que la contradicción continuaba. Mientras el perito Meza confirmó al ente de control que había entregado un producto final sumillado y debidamente rubricado, la Contraloría no pudo encontrar tal informe en el Ministerio de Justicia, pero sí encontró que la ministra había pagado por un tercer producto, con la debida acta de entrega recepción y conformidad de las partes y, según dijeron los funcionarios del ministerio, "de acuerdo con la ley". 

Los dimes y diretes dentro del Ministerio de Justicia ponen más dudas sobre si en verdad existió o no un informe final debidamente sumillado y firmado por el perito responsable.

La coordinadora administrativa financiera y administradora de ese contrato con Meza, había señalado en un oficio interno que "en mi calidad de Administradora del Contrato, certifico que el Consultor entregó el informe del tercer producto esperado el 08 de julio de 2013 dentro del plazo establecido en el contrato. Luego de la presentación de este producto el Comité Interinstitucional solicitó se realicen ampliaciones y aclaraciones, lo que deviene en la presentación oportuna y dentro de los plazos previstos.- Cabe indicar que por disposición del Comité Interinstitucional el producto final entregado debe reposar en los archivos de esta Coordinación General de Asesoría Jurídica...".

Y, con memorando MJDHC-CGAJ-2013-0160-M de 28 de agosto de 2013, —dice el informe de la Contraloría— solicitó a la Coordinadora Administrativa Financiera, se efectúe el pago, indicando: “...Señora Coordinadora General Administrativa Financiera, en mi calidad de Administradora del contrato y de conformidad con lo establecido en el contrato de “Consultoría para la prestación de servicios especializados para identificar e investigar el deceso del Gral. ...” una vez que se ha recibido a satisfacción de esta Cartera de Estado el tercer producto contratado, solicito a usted se efectúe el pago del mismo, de acuerdo a lo determinado en la cláusula décima del contrato; el porcentaje a pagar por la entrega satisfactoria del tercer producto es del 30% del valor total del contrato, esto es Veinte y tres mil cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD $ 23.400,00) más IVA, toda vez que el valor del contrato suscrito por el Consultor y esta Cartera de Estado es de setenta y ocho mil dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD 78.000,00) sin incluir IVA.- Cabe mencionar que la documentación constante en el segundo producto entregado por parte del consultor reposa bajo la custodia de esta Coordinación General de Asesoría Jurídica toda vez que este (sic) tiene el carácter de confidencial y no divulgable, por la complejidad y delicadeza de esta investigación no es posible adjuntar el mismo al expediente de pago.- Para lo cual adjunto la factura original del consultor y el informe de aprobación de la entrega del
producto final...”.

El director Financiero del mnisterio de Justicia también indicó: “...una vez que se ha recibido el tercer y último producto esperado dentro del contrato de “Consultoría para la prestación de servicios especializados para identificar...” solicito se emita el respectivo informe económico del contrato mencionado a fin de dar cumplimiento a lo que establecen los artículos 124 y 135 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en concordancia a la cláusula décimo quinta numerales 15.04 y 15.05 del referido contrato; y, proceder a la suscripción de la respectiva acta de entrega - recepción única...”

La Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos le dijo a la Contraloría que en el documento denominado “informe final”, que fue entregado por el consultor en comunicación de 8 de julio de 2013, se evidenció que las conclusiones presentadas en este documento, no cuentan con la firma de responsabilidad del consultor, como lo hizo en los informes uno y dos. El equipo de control de la Contraloría solicitó al Consultor remita los productos correspondientes a la consultoría. En correos electrónicos de 13 de
abril y 29 de junio de 2016, respectivamente, el perito Meza indicó:
“...Conforme habíamos hablado en el primer contacto telefónico, las copias de los productos no será posible enviarlos principalmente por la sensibilidad del contenido del último de los tres y como seguridad de mi integridad personal, copia de eso lo obtendrán con el Ministerio de Justicia quien mediante acta de entrega recepción quedo (sic) con el original...”.

La gráfica corresponde al primer helicóptero Dhruv que se precipitó a a tierra. La flota comprada fue de siete aeronaves, que servirían supuestamente para patrullaje en la frontera norte, luego del ataque de Angostura. Cuatro de esos helicópteros cayeron a tierra, hubo tres muertos en uno de estos "accidentes". La flota fue descontinuada.  Fotos: Archivo El Universo y Expreso

"Referente a las inquietudes planteadas y formuladas en el presente mail, me gustaría dejar claro que: .- Los tres productos solicitados en el contrato fueron ENTREGADOS por este profesional en tiempo y forma y TODOS fueron abonados en su totalidad, no recordando en el momento y no encontrando los comprobantes de pago para dejar establecido las fechas, pero el acta de entrega de recepción del III y último producto, denominado de Informe Final, fue firmado por mi persona el día 02 de septiembre de 2013 y posterior a eso se realizó el pago por parte del administrador del contrato.- Esa acta fue firmada en esa fecha, luego de que se absolvieran todas las observaciones planteadas por los miembros del comité interinstitucional. El producto final se entregó en sobre cerrado a la administradora del contrato quien debía inmediatamente pasar al comité debido al carácter de reservado. TODAS las hojas fueron sumilladas y firmadas por este profesional como la de todos los productos anteriores.- Del informe provisional no hay data de acta o al menos acta firmada por mi persona porque eso se hacía en reunión plenaria con todos los integrantes del comité y sus asesores, TODOS esos datos DEBEN constar en las respectivas ACTAS DE REUNION DEL COMITÉ por lo tanto pido que gentilmente se soliciten esas ACTAS porque ahí constan todas estas fechas de manera exacta. Luego de la entrega provisoria, este profesional recibió las observaciones y tuvo un plazo para la contestación de cada una de ellas, presentado el informe final (III Producto) con estas observaciones contestadas y aceptadas se dio por finalizado y aceptado este informe y como consecuencia de esto, realizado el respectivo pago a la cuenta respectiva, deben existir todas las copias de estos comprobantes en el Ministerio contratante...”.

Cabe indicar —dice el informe de Contraloría— que en el informe final, entregado por la Ministra de Justicia Derechos Humanos y Cultos, Lady Zúñiga, no constan las hojas sumilladas y firmadas como lo afirma el consultor en su correo electrónico.

El perito recomendó a la Contraloría que pidiera al Ministerio de Justicia las actas de las reuniones de entrega-recepción de los tres productos de la consultoróa. Eso hizo el organismo de control, pero la Viceministra de Justicia Derechos Humanos y Cultos remitió 75 copias de las listas de asistentes a las reuniones del Comité Interinstitucional, sin que se hayan enviado las actas de estas reuniones.

Dos funcionarios de Justicia, la Coordinadora Jurídica y el técnico afín que recibió los productos, insistieron ante la Contraloría que recibieron el tercer producto o informe final de acuerdo a las normas de contratación pública..

El técnico del Ministerio, que firmó el acta de entrega-recepción del informe dijo al respecto: "Con fecha ocho de julio del año 2013, veintidós días antes de mi ingreso a la institución, el Ministerio de Justicia recibe el tercero y último producto de la Consultoría, de la misma manera es de entender que a entera satisfacción de él o la administradora del contrato. El 16 de agosto del 2013, los miembros del Comité Interinstitucional, creado mediante decreto ejecutivo No. 1317 de 03 de octubre del 2012, exclusivamente para conocer, investigar, analizar, y pronunciarse sobre la denuncia en torno a la muerte del General Gabela, luego de conocer los productos de la consultoría, deciden que el producto final esperado, no se encuentra conforme a lo establecido en el contrato, por lo que solicitan al consultor una ampliación del informe. Con fecha 23 de agosto del 2013 el consultor procede a entregar la ampliación del informe, conforme a las observaciones solicitadas por el Comité Interinstitucional. Dado la reserva del caso y el expediente, el contenido y sus conclusiones sólo podían ser conocidos por los miembros del Comité Interinstitucional y el señor Presidente de la República".

Dos funcionarios de ese Ministerio, la Coordinadora Jurídica y el técnico afín que recibió los productos, insistieron ante la Contraloría que recibieron el tercer producto o informe final de acuerdo a las normas de contratación pública. Tanto lo hicieron, dicen en sus respectivas comunicaciones, que el producto fue recibido y el pago final fue autorizado. Es más, la Coordinadora Jurídica afirmó que pidió una caja fuerte para guardar esos documentos y otros de carácter delicado, y mientras ella fue custodia de esa caja fuerte los documentos permanecieron ahí, y cuando renunció los entregó a su sucesor sin problemas. Pero, la Contraloría insiste en que estos técnicos "inobservaron la Norma de Control Interno, 200-06 “Competencia Profesional”, lo que originó que la entidad cancele 23 400 USD por concepto de un producto III, del cual no existe evidencia documentada de su recepción".

Las conclusiones del informe de Contraloría señala que:

1. En la documentación remitida por la Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, referente al proceso de contratación se verificó la entrega de los productos I; II e informe final; sin embargo, en las cláusulas contractuales Cuarta “Objeto del contrato - Productos o servicios esperados y Décimo Quinta.- Acta de entrega recepción constó la obligación de entregar tres productos; y, dos informes, un provisional y definitivo.
2. El documento denominado “informe final” presentado por el consultor al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, con comunicación de 8 de julio de 2013, en la parte de conclusiones no contiene la firma de responsabilidad del consultor, pese a que éste, según correo electrónico de 29 de junio de 2016, indicó que todas las hojas fueron sumilladas y firmadas, afirmación que el equipo de control no evidenció en el documento.
3. La Administradora del contrato, el Técnico afín y el Consultor que suscribieron el acta de entrega - recepción, solicitaron la cancelación de 23 400,00 USD por concepto de un tercer producto, del cual no se estableció la documentación que sustente su emisión y presentación, existiendo el producto denominado “informe final”, sin que el equipo de control haya evidenciado la presentación del tercer producto.