Moreno protege al dictador bajo una tesis apolillada
El silencio de Ecuador sobre la situación en Venezuela es revelador: regionalmente se ha quedado solo en la defensa de la dictadura venezolana. En el fondo, Lenín Moreno y su gobierno mantienen la posición del correísmo que se adscribió a las políticas de Chávez y Maduro y también a las explicaciones fabricadas por su aparato de propaganda sobre los opositores. Moreno matiza su apoyo, aunque no difiere en la parte medular.
Lo que ha cambiado es la correlación de fuerzas en la región. Maduro es hoy un dictador aislado en Estados Unidos y Europa. Incluso la Corte Penal Internacional abrió una investigación que lo concierne por delitos de lesa humanidad. En la región Luis Almagro, secretario general de la OEA, ya no está solo como lo estuvo en 2016: 12 países, a los que se sumaron Guyana y Santa Lucía, levantaron en Lima el 13 de febrero, en su última declaración conjunta, un catálogo impresionante en contra del dictador de Caracas: rechazan la decisión de convocar a elecciones presidenciales en el primer cuatrimestre de este año, lo cual imposibilita la realización de elecciones democráticas, transparentes y creíbles. Exigen que las elecciones sean convocadas con adecuada anticipación, con todos los actores políticos y con la participación de observadores internacionales independientes. Recuerdan que con presos políticos y sin la participación de los partidos de oposición no existen condiciones electorales. Toman nota del informe de la CIDH sobre violación de derechos humanos y la crisis política, económica y social que vive Venezuela. Toman nota de que el Fiscal de la Corte Penal Internacional que abrió una investigación sobre delitos de lesa humanidad. Respetan la decisión del gobierno de Perú que decidió retirar la invitación a Maduro para participar en la VIII Cumbre de las Américas. Ratifican su preocupación por el deterioro de la situación humanitaria y piden al gobierno venezolano aceptar la ayuda. Acuerdan coordinar esfuerzos para encarar el éxodo masivo de venezolanos de forma ordenada, solidaria y segura.
Este panorama complica la posición de gobierno de Moreno atrincherado, hasta ahora, en la tesis de la soberanía. El Presidente y su Canciller han reiterado que defienden el derecho internacional que incluye la libre autodeterminación de los pueblos. En la entrevista con André Carrión, la vicepresidente dijo que “todos los países tienen el legítimo derecho de escoger su destino, de proyectarse hacia el futuro, de escoger su modelo”. Y que no hay cómo interferir en forma arbitraria en otro país. La conclusión es que los venezolanos deben resolver su problema en las urnas.
Cada uno de los puntos de la declaración de Lima desmiente la tesis sobre la cual el gobierno ecuatoriano sustenta su apoyo al dictador de Caracas. La comunidad internacional no puede cerrar los ojos sobre el drama político, social, alimentario, sanitario y de emigración que vive Venezuela ni ante la violencia suscitada y entretenida por aparatos militares y paramilitares de la dictadura. Hay ruptura constitucional y violación de los derechos humanos, lo cual atenta contra los compromisos firmados en la Carta Democrática Interamericana que, aunque no le guste al Presidente Moreno, es supracional. Y así son los acuerdos hechos por demócratas alrededor de valores y principios.
Decir que los venezolanos deben resolver su problemas en las urnas es, ante el panorama creado por la dictadura, un claro lavado de manos. Es pretender desconocer (a pesar de que 14 estados vecinos lo están proclamando alto y fuerte) que hay presos políticos, que no hay garantías para participar en las elecciones, que la autoridad electoral está bajo el control del gobierno, que Maduro se ha sacado del bolsillo una asamblea constituyente sin legitimidad ni legalidad, que hay hambre y crisis sanitaria, que hay un éxodo multitudinario de venezolanos… En fin, que hay una dictadura sangrienta que apagó los rescoldos de democracia en Venezuela cuando desconoció los poderes de la Asamblea Nacional que fue electa democráticamente.
La tesis de la soberanía ha sido funesta y, desde el fin de la segunda guerra mundial, perdió espacio ante la defensa universal de los derechos humanos. En eso se basa el nuevo orden internacional: en la protección de valores y derechos que son compartidos y defendidos por estados democráticos.
Gracias a esta nueva dinámica, el sangriento dictador Augusto Pinochet pudo ser detenido en Londres. Y el carnicero de los balkanes, Sbolodan Milosevic, pudo ser juzgado por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Insistir en la tesis de la soberanía absoluta de los estados es insensato. Y es criminal cuando se usa para defender una dictadura criminal como la de Nicolás Maduro en Venezuela; hoy condenado por todos los vecinos de Ecuador.
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