El 14 de febrero de este año, en la sabatina realizada al Sur de Quito, el presiente Correa dispuso que se suspenda la transmisión de las cuñas que Unidad Popular promovía, con contenido político.
Pocos días después, según publicó el diario El Telégrafo en su edición del 19 de febrero, “el gobernador del Azuay, Leonardo Berrezueta, presentó una queja ante la Superintendencia de Comunicación (Supercom), a través de la Intendencia zonal 6, por una serie de cuñas radiales promocionadas por Unidad Popular -conformada por integrantes del exMPD- a las que considera como "publicidad engañosa".
“El Gobernador informó que solicitaron a la Supercom que se suspenda la transmisión y se dé trámite a la denuncia. Según el funcionario, ésta se suspendió porque así lo contempla el proceso en la Ley. ‘La Ley es clara, se suspende la transmisión hasta que se dé la audiencia y se establezca si la disposición es definitiva o temporal’, indicó”, añade el rotativo.
Sebastián Cevallos, subdirector nacional de Unidad Popular, señala que “en este caso se violentan derechos individuales y colectivos, ya que las cuñas de contenido político trataban sobre varios temas del acontecer nacional, como es que cerca de 500 mil bachilleres en el país no tienen acceso a la educación superior. Que el 2015 es mayor la crisis fiscal, por lo que se ha incrementado la población a la que se le recaudan los impuestos; lo que implica un duro golpe a la economía de los ecuatorianos. También se incluía el tema de la minería, que se ha desplegado con fuerza debido a la crisis fiscal del gobierno, con el propósito de solventar el bache fiscal; por lo tanto, no es publicidad engañosa como señala el gobernador azuayo, al tratar de confundir a la población, sino una opinión política de una organización política”.
La Supercom, por su parte, señala Cevallos, dictaminó la medida cautelar -de prohibir la difusión de las cuñas-, “que se dio sin llamar a audiencia alguna, sin un debido proceso. Además se confunde, a propósito, los términos de propaganda y opinión; con lo que se violentan derechos”.
Para Sebastián Cevallos, lo actuado por el Gobernador es ilegal, pues entre sus atribuciones o competencias, según las leyes y la Constitución, no está quejarse o dar órdenes a otras entidades públicas; y señala que, en este caso, afectó directamente a una organización que emite una opinión; “afectó a la ciudadanía de Cuenca, de la provincia y la región, en su derecho de informarse y de escuchar un criterio político”.
“Es tan disímil este gobierno, que no se dice nada de publicidad engañosa cuando expresamente una transnacional como la Coca Cola dice que ‘te hace feliz’; pero sí se califica de esa manera a una opinión política, violentando el derecho a opinar”.
Para el dirigente de Unidad Popular, “la Supercom se ha convertido en un ente de persecución a todo lo que se hace a través de medios de comunicación y que atente contra la opinión única, unipartidaria y de único pensamiento que se trata de aplicar en el Ecuador. En eso se enmarcan las sanciones a otros medios de la provincia y uno nacional, lo que coarta la posibilidad de un debate político”.
En la apelación, cuenta Cevallos, no se escucharon los elementos de defensa, señalando que estos temas no pueden tratarse en esta instancia, es decir que la opinión política, que era el motivo de la sanción, no se pudo plantear en la apelación. Por lo que se puede concluir que la sanción es para generar precedentes jurídicos y miedo en la sociedad, lo que vulnera flagrantemente el derecho a la libertad de expresión, que está plasmada en la Constitución vigente.
Como organización política, Unidad Popular anuncia que de ser negada la apelación, acudirá hasta el Tribunal Contencioso Administrativo para exigir se respete la opinión y la libertad de expresión.
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