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jueves, 4 de junio de 2026

 La sentencia de primera instancia emitida por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) contra el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, provocó que dos mujeres que han mantenido enfrentamientos con el burgomaestre se pronuncien sobre el tema. Ellas defienden la resolución como un acto de justicia frente a lo que consideran años de violencia política de género.

El pasado 28 de mayo, el juez electoral Joaquín Viteri resolvió suspender por seis meses los derechos de participación política de Zamora tras aceptar una denuncia presentada por la concejala Diana González Arteaga. Además, dispuso una multa de USD 12.050 y la obligación de asistir a un curso sobre sensibilización y prevención de violencia de género.
La sentencia aún no está en firme y deberá ser revisada por el Pleno del TCE, en donde se presentó una apelación. No obstante, el fallo ha sido recibido como una reivindicación por mujeres que durante los últimos años han cuestionado la conducta del alcalde.
"El fallo fue actuado en derecho".
En declaraciones a El Telégrafo, Diana González sostuvo que la resolución responde a un proceso sustentado en pruebas documentales y testimoniales recopiladas durante varios meses.
Según explicó, durante la audiencia presentó entre 25 y 30 elementos probatorios contenidos en 44 hojas de alegatos que, a su criterio, evidencian una conducta de violencia política ejercida desde el año 2024.
"La defensa del alcalde presentó una única prueba: mis asistencias a las sesiones del Concejo Cantonal", señaló.
Para González, la controversia comenzó cuando inició procesos de fiscalización relacionados con contratos municipales durante las festividades de Cuenca.
La concejala recuerda que, después de esos cuestionamientos, Zamora la calificó públicamente como una "recadera política".
"¿Qué quiere decir eso? ¿Qué no pienso?", cuestionó.
Sin embargo, asegura que los ataques fueron más allá de esa expresión.
Uno de los episodios que expuso ante el Tribunal se relaciona con una publicación realizada por el alcalde en torno a un caso de presunto abuso infantil que involucraba a una exfuncionaria municipal.
"Se refirió a mí como una actora política que apoya a abusadores de niños. Yo con ese caso no tengo absolutamente nada que ver", afirmó.
Las acusaciones que motivaron la denuncia
González sostiene que durante los últimos dos años fue vinculada públicamente con hechos que jamás ocurrieron y que afectaron gravemente su reputación.
Recordó que en 2025 cuestionó un evento patrocinado por el Municipio, en el que un influencer protagonizó una boda simbólica con una adulta mayor.
"Causó el rechazo de gran parte de la sociedad cuencana. Yo me pronuncié como presidenta de la Comisión de Género e Inclusión porque me pareció una vulneración de derechos", explicó.
Según la concejala, la respuesta del alcalde fue volver a relacionarla con un supuesto encubrimiento de delitos sexuales.
"Me acusó de haber apoyado y callado ante un abusador sexual de una menor. Yo jamás estuve al frente de Acción Social Municipal cuando ocurrieron esos hechos", aseguró.
Añadió que incluso se difundieron publicaciones en redes sociales donde aparecía su fotografía junto a ese tipo de acusaciones.
"El 'fulana' es mínimo para emitir esta sentencia. Dentro de las pruebas existen acusaciones gravísimas y falsas en mi contra como encubridora de abusadores", manifestó.
"La perseguida he sido yo".
Otro de los hechos incorporados al expediente está relacionado con una denuncia penal presentada por Zamora a inicios de 2026.
El alcalde la acusó de haberlo responsabilizado por el aborto espontáneo sufrido por una funcionaria municipal.
González sostiene que jamás realizó esa afirmación.
"Cuando los medios me abordaron dije claramente que no podía responder por declaraciones de otras personas, pero que conocía del caso", explicó.
Según la edil, durante las audiencias el alcalde no ha presentado pruebas que respalden dicha acusación.
"Yo soy inocente de lo que se me acusa", sostuvo.
La concejala también rechaza las versiones que atribuyen la denuncia a una estrategia electoral. Esto debido a que las elecciones seccionales fueron adelantadas para este 29 de noviembre de 2026, en lugar de realizarse el 2027.
"Cuando presenté la denuncia ni siquiera sabía que el CNE iba a adelantar las elecciones. Yo no escogí cuándo el alcalde volvió a atacarme ni los tiempos del Tribunal", afirmó.
"Se ha pretendido instalar un discurso de persecución política, pero la perseguida he sido yo", agregó.
"Al fin se hizo justicia para nosotras"
Para González, el caso trasciende las disputas partidistas. "En vez de decir que esto es persecución política, ¿por qué mejor no nos alegramos de que al fin se hizo justicia para nosotras?", cuestionó.
La concejala considera que el proceso puede convertirse en un precedente para futuras denuncias.
"Este caso debe dejar un precedente histórico para que dejemos de analizar estos temas desde nuestras conveniencias políticas", señaló.
También advirtió sobre lo que considera un deterioro del debate democrático local.
"Estamos corriendo un peligro gravísimo al pretender que quienes pensamos diferente guardemos silencio".
Teresita Bermeo: "Las mujeres vemos este fallo con buenos ojos".
Otra de las voces que respaldó la resolución es Teresita Bermeo, activista por los derechos de las mujeres, quien en 2024 también denunció a Zamora ante el TCE por presunta violencia política de género.
Aunque su caso fue archivado en 2025 debido a que el Tribunal determinó que no cumplía los requisitos legales para ser considerada sujeto protegido bajo esa figura, Bermeo sostiene que la sentencia a favor de González representa un mensaje importante.
"La política no puede estar enfocada en maltratar a las mujeres por realizar fiscalización", afirmó.
La activista recuerda que fue calificada por Zamora como "recadera política" luego de denunciar presuntos casos de nepotismo y cuestionar el incremento de las tarifas de agua potable.
"El término recadera política no tiene ninguna relación con mi trabajo de fiscalización ni con mi activismo que lleva años", manifestó.
Bermeo sostiene que las consecuencias de este tipo de expresiones trascienden el ámbito político.
"Las familias también sufren las consecuencias de estos epítetos", dijo.
"Por eso muchas mujeres no quieren entrar en política"
La activista considera que el tratamiento que reciben algunas mujeres cuando cuestionan a figuras de poder termina alejándolas de la participación pública.
"Por esta razón es difícil que las mujeres se involucren en política, por la manera en que nos tratan", afirmó.
También cuestionó la estrategia jurídica del alcalde frente a quienes lo critican.
"El alcalde de Cuenca ha perseguido a todas las mujeres que se oponen a él con demandas", sostuvo.
Y agregó una reflexión directa sobre la situación judicial que enfrenta actualmente el burgomaestre:
"Si él no puede candidatizarse no es por culpa de las mujeres. Es porque no actúa correctamente desde el poder".
FUENTE: DIARIO EL TELÉGRAFO


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