El observador

EL MUNDO 7 FEB 2015 - 9:00 PM

El humor de la revolución ciudadana

De #JeSuisCharlie a #YoSoyBonil

La audiencia de mañana, en la que podría ser condenado el caricaturista ecuatoriano Xavier Bonilla, Bonil, pone en evidencia la intolerancia creciente ante la sátira y las libertades ciudadanas de parte del gobierno de Rafael Correa.

Por: César Rodríguez Garavito

La norma que tiene en aprietos a Bonil es la Ley Orgánica de Comunicación de 2013, con tantos y tan duros controles a los medios y a la libertad de expresión que ha sido llamada la ''Ley Mordaza''. / AFP

Si explicar un chiste no tiene gracia, tener que rectificarlo es una desgracia. Mucho más para un sátiro profesional como Bonil, el popular caricaturista ecuatoriano. Más aún si el precio es US$180.000. Cuando los gobernantes y las leyes no toleran el humor, los chistes pueden salir caros.

A las 9 a.m. de mañana, Xavier Bonilla, Bonil, comparecerá ante la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom) de Ecuador, para responder por una caricatura que publicó en agosto pasado en el diario El Universo. El dibujo se mofaba de Agustín Delgado —parlamentario correísta y exjugador de la selección nacional de fútbol—, por trastabillar al leer un discurso ante la Asamblea Nacional y las cámaras de televisión.

No es la primera vez que la Supercom va tras Bonil. Hace un año, el caricaturista y su diario fueron multados por US$90.000 y obligados a rectificar por una viñeta que satirizaba el allanamiento de las oficinas de un miembro de la oposición política que había hecho denuncias de corrupción contra el Gobierno. Según la Supercom, la caricatura “no corresponde a la realidad” y “estigmatiza la acción” de quienes aparecen en ella (los policías y fiscales que hicieron el allanamiento). Dijo lo obvio, porque en eso consiste una caricatura. Si correspondiera a la realidad —si no la distorsionara, la exagerara o la invirtiera— sería un retrato. Si no estigmatizara la conducta humana —si no la cuestionara con agudeza y humor— nada la justificaría, porque nada la distinguiría de la noticia.

Sin esas diferencias se marchitan la crítica y el humor. Osuna habría quebrado a El Espectador. Daniel Samper Ospina, Vladdo y Semana pasarían su tiempo en los tribunales. La Luciérnaga se apagaría y a Jaime Garzón no lo habrían matado los paramilitares, sino la autocensura.

Son diferencias esenciales para la democracia y la libertad de expresión. De ahí que las cortes independientes, desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hasta la Corte Interamericana y la Corte Constitucional colombiana, distingan entre la libertad de información (que está sujeta al deber de veracidad) y la libertad de expresión (que no lo está). Y reconocen una latitud mayor para las opiniones sobre funcionarios públicos, por ser contrapesos frente al poder de estos.

Entre todas las formas de opinión, el humor y la sátira son las más libres, y con frecuencia las más contundentes. “La sátira es el arma más eficaz contra el poder: el poder no soporta el humor, ni siquiera los gobernantes que se llaman democráticos, porque la risa libera al hombre de sus miedos”, dijo alguna vez Darío Fo, el comediante y dramaturgo italiano ganador del Nobel de Literatura.

De modo que el humor es un termómetro de la democracia. Así lo muestra la evolución del gobierno de Rafael Correa, cuya intolerancia creciente ante la sátira ha ido de la mano con la erosión de las libertades y el Estado de derecho.

El recuento más lúcido que conozco de la “revolución ciudadana” es el que le escuché en Quito a María Paula Romo, la destacada integrante de la Asamblea Constituyente por el movimiento de Correa. La primera etapa fue la del gobierno progresista y demócrata que desembocó en la notable Constitución de 2008, que garantizaba las libertades civiles y añadía un catálogo ejemplar de derechos económicos y ambientales. Correa parecía lograr la cuadratura del círculo: una apuesta decidida por la igualdad sin erosionar las libertades básicas. Había razones de sobra para estar de buen humor y admirar el proyecto ecuatoriano.

El año 2011 marcó un giro personalista y vertical del Gobierno, que cambió el humor de la revolución ciudadana y su actitud frente a los críticos. La reforma a la justicia de ese año alineó a los tribunales con el poder Ejecutivo, como lo documentamos en un estudio de DPLF, Dejusticia y el IDL. Con ella se abrió un período de reformas y acciones que han debilitado los controles democráticos, desde el derecho a la protesta (limitado por leyes penales sobre terrorismo que se han usado contra movimientos sociales) hasta los derechos políticos (restringidos por talanqueras legales y administrativas a los partidos y movimientos de oposición).

De esta época viene la norma que tiene en aprietos a Bonil. La Ley Orgánica de Comunicación de 2013 impone tantos y tan duros controles a los medios y la libertad de expresión que ha sido llamada la “Ley Mordaza”. La ley establece faltas tan vagas (como el “linchamiento mediático” a un funcionario cuando un medio lo cubra críticamente de forma repetida) y requisitos tan invasivos (como el deber de los medios de contratar un veedor elegido por un procedimiento fijado por el Estado) que en la práctica le da vía libre al Gobierno, a través de la Supercom, de censurar directa o veladamente las informaciones y opiniones críticas. Según Fundamedios, durante el primer año de vigencia de la ley, la Supercom inició 136 procesos contra medios de comunicación e impuso sanciones en 42 casos.

El monto de las sanciones es otro mecanismo de censura y autocensura. La multa de US$90.000 a Bonil y El Universo —equivalente al 2% de la facturación de tres meses del diario— fue calculada con base en la ley. También lo son los US$180.000 de la multa que podría imponérsele a Bonil, porque la ley dicta que cada reincidencia se paga con el doble de la multa anterior.

La intolerancia frente a la crítica y el giro antidemocrático parecen seguir esta progresión geométrica en el Ecuador actual. Para Romo y otros observadores, el punto de inflexión es la reforma constitucional que permitiría la reelección indefinida de Correa y que cursa actualmente en el parlamento, tras haber sido avalada por el Tribunal Constitucional.

Las olas de la probable sanción a Bonil se sentirán más allá de Ecuador, porque el caso tiene dos aristas que aplican en otras partes. De un lado, la acusación inicial contra el caricaturista alegaba discriminación racial, porque el parlamentario Agustín Delgado es afroecuatoriano. Aunque Bonil no hacía ninguna alusión al color de la piel del retratado, el Gobierno y algunas organizaciones antirracistas sí lo hicieron en sus quejas. El artista reiteró públicamente que esa no era su intención y presentó excusas por la interpretación que se le podía dar a su caricatura. De ahí que el cargo que enfrenta mañana es haber discriminado por razones socioeconómicas (aunque, de nuevo, el dibujo era sobre un parlamentario en ejercicio). Todo lo cual reaviva el debate sobre el balance entre las importantes leyes contra la discriminación y sus riesgos para la libertad de expresión en América Latina.

De otro lado, a escasas semanas del atentado terrorista contra Charlie Hebdo en París, el caso Bonil recuerda que las amenazas contra la sátira y la libertad de expresión no vienen sólo de los violentos. Y que no hay que ir tan lejos para encontrar señales preocupantes de censura. No debe sorprender que el gobierno ecuatoriano hubiera decidido aplazar para mañana la audiencia contra Bonil, inicialmente programada para el 16 de enero, cuando daba la vuelta al mundo el #JeSuisCharlie. Por eso Bonil comparecerá con un gigantesco lápiz en la mano, mientras en las redes sociales circula el #YoSoyBonil.

*Columnista de El Espectador.