Crece el desprestigio de la Función Judicial
Por Jaime Cedillo F.
La Fiscalía y la Contraloría hacen cada una su trabajo, conforme a sus competencias. Se investigan los patrimonios de fiscales, jueces, y demás servidores judiciales, que han hecho de las sentencias un lucrativo negocio. De 160 exámenes especiales, hay 59 casos con indicios de responsabilidad penal. Las investigaciones y las auditorías, deben extenderse a los que manejan a su antojo y capricho el Consejo de la Judicatura. No nos olvidemos que quién designa a los jueces es el Consejo de la Judicatura, entidad corrupta que debería desaparecer, empecemos por casa.
El responsable del desprestigio y la corrupción en la Función Judicial, es el Consejo de la Judicatura, que nombra jueces a dedo, con concursos amarrados, direccionados, que ha politizado la justicia, irrespetando la carrera judicial. Antes, era el Pleno con su presidente a la cabeza, que daba la cara, que respondía ante la opinión pública, ahora, es ciego, sordo y mudo, sin voz ni voto. Más autoridad tiene un funcionario de segunda del Consejo de la Judicatura.
"Gracias" al Consejo de la Judicatura, la Función Judicial está sumida en el desprestigio. El nepotismo es un cáncer que ha hecho metástasis en la Función Judicial, otrora, respetada y respetable.
Una simple demanda de acceso a la información, un derecho constitucional, planteado por El Observador, en contra del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, es inadmitida en primera y segunda instancia, por jueces que no aplican la ley sino ceden a presiones políticas, a cambio de no sabemos qué, pero nos imaginamos.
Todas las pruebas que se presentaron y todas las exposiciones que se hicieron de parte del abogado de la parte demandante, no fueron tomadas en cuenta, porque los "Poncio Pilatos" se lavaron las manos, dejando en la indefensión, sentando un nefasto precedente, y poniendo en entredicho el papel de los jueces de los Tribunales de la República.
"En derecho, la indefensión se refiere a la situación en la que una persona se ve privada o limitada en su capacidad de defender sus derechos en un proceso judicial o administrativo, impidiéndole ejercer adecuadamente su derecho a la defensa. Esta situación puede surgir por actos u omisiones del propio órgano judicial o administrativo, y puede llevar a la nulidad de actuaciones si se considera que ha afectado el resultado del proceso".
El Observador
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