
Según un informe de Contraloría, aprobado el pasado 5 de abril, el Estado ecuatoriano gastó 494 133 dólares en la gira internacional que la ex canciller María Fernanda Espinosa hizo para promocionar su candidatura a la presidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El valor total corresponde a lo que se gastó en pasajes, viáticos y gastos de representación de la entonces ministra y de quienes la acompañaron. De ese monto, una cantidad significativa: 256 504, representa el costo del uso que hizo de los dos aviones de la Presidencia de la República: el Legasy y el Falcon, ambos comprados por Rafael Correa.

El informe también señala que en tres viajes, Espinosa se hizo acompañar por más de dos funcionarios, lo cual es ilegal según el reglamento de desplazamientos de los funcionarios de Cancillería. Esos viajes fueron a Nueva York con cinco delegados, a Santiago de Chile con siete y a Ginebra con cinco. Ese exceso en compañía significó para el Estado el desembolso de 22 379 dólares que la Contraloría considera como “injustificados”.
Para saber cuánto ha costado a los contribuyentes la campaña y el ejercicio de la Presidencia de la Asamblea (Ecuador debe correr con todos los gastos) hay que agregar, a esos 494 133 dólares, los 752 381 dólares que, según la información de la propia Cancillería, costará el año de Presidencia de Espinosa. Es decir, la campaña y el cargo de María Fernanda Espinosa suman 1 246 514 dólares. Se trata de los gastos que el Estado ecuatoriano ha hecho para posicionarse como candidata a la Presidencia de la República. Lo ha confirmado la propia Espinosa en una entrevista conHispanopost. Sin duda, la mayor plataforma para tener esa aspiración, al menos desde sus cálculos, es el paso por la presidencia de la Asamblea, un cargo con mucho más valor protocolario y simbólico que poder. Y sin rédito alguno para el país.
Precisamente por estas aspiraciones políticas de Espinosa el juicio político que iniciará el miércoles 5 de junio tendrá un significado especial. Ella tendrá que responder a las acusaciones que le hacen asambleístas del Partido Social Cristiano y CREO sobre su decisión de nacionalizar irregularmente a Julian Assange, a quien además nombró como diplomático ecuatoriano en Londres y Moscú; por su despreocupación por la situación en la frontera norte y por la desatención a los ecuatorianos que viven en Venezuela.
Espinosa se defenderá vía Skype desde Nueva York. Esa excepción se debe a que ella se dio el lujo de fijar la fecha de su juicio porque dijo, en una carta a César Litardo, presidente de la Asamblea, que dada la importancia de su cargo, ella había visto que únicamente el 5 de junio estaba libre de obligaciones mucho más importantes que responder a la Asamblea por su actuación cuando era canciller.
Espinosa había dicho, en la defensa escrita que envió a la Asamblea hace poco, que consideraba el juicio en su contra como algo ilegítimo porque consideraba, entre otras cosas, que se trata de una reacción de la “extrema derecha”, para truncar su carrera política y por ser mujer. La ex canciller está por terminar su período de un año al frente de la Asamblea General de las Naciones Unidas y el juicio podría convertirse en un punto de inflexión para sus aspiraciones políticas. No obstante, aún no se sabe cómo están las fuerzas en el interior de la Asamblea. La gran duda es qué hará el bloque parlamentario que apoya a Lenín Moreno. La ex canciller tomó ya la precaución de ejercer el chantaje debido recordando a esos asambleístas que ella actuó, en el caso de Assange, con pleno acuerdo del Presidente.
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