Otro disparo al aire del gobierno de Moreno
¿Cómo remediar una metida de pata? Volviéndola a meter: ese parece ser el lema al cual se ha suscrito el gobierno de Lenín Moreno en política exterior. Ayer propuso en la Organización de Estados Americanos una consulta popular en Venezuela para saber si se refrendan los resultados de la farsa electoral del 20 de mayo pasado. O si se convoca a nuevas elecciones en un plazo cercano.
Nuestro pronunciamiento ante el 48 período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la @OEA_oficial.#AsambleaOEA
No hay duda de que el gobierno de Lenín Moreno no sabe qué hacer ante el caso venezolano. Tras el apoyo incondicional dado por el gobierno de Rafael Correa a la dictadura de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, Moreno ha querido nadar y conservar la ropa. Ha apoyado las posturas conceptuales del correísmo que, como se sabe eran meras coartadas, con tibios mensajes que pretenden poner en vereda al gobierno de Caracas. Pero sus posiciones no acompañan, en forma alguna, el sentir de los gobiernos de la región que –tarde pero en forma contundente– han dejado sin piso a la dictadura de Maduro. La última prueba de la política equivocada y timorata del gobierno, la produjo ayer, 5 de junio: se abstuvo en la votación en la OEA de la resolución sobre el gobierno de Maduro.Resolución de diez puntos que, en su parte medular, declara la ilegitimidad del proceso electoral del 20 de mayo pasado gracias a la cual, y como era previsible dado el contexto de esa elección, Maduro cree poder gobernar hasta el 2025. La misma resolución reactiva la Carta Democrática; mecanismo que podría desembocar en que Venezuela sea suspendida de la OEA.
La propuesta del gobierno de Moreno luce totalmente desfasada con respecto a la realidad política venezolana y diplomática en la región. Es imposible que los Estados que han juzgado ilegitima la elección del 20 de mayo, que desconocen el gobierno de Maduro y lo tratan como un gobierno de facto –una dictadura– acojan lo que más parece una nueva boya para salvarlo. O un tanque de oxígeno en lo que antoja, otra vez, un operativo político-diplomático destinado a permitirle ganar tiempo.
El gobierno de Lenín Moreno, para plantear esta salida, invoca las mismas razones que tuvo el correísmo para apoyar a Maduro: el diálogo con la oposición y la necesidad de zanjar el diferendo venezolano en las urnas. En los dos casos, hay ejemplos suficientes –con infinidad de actores y mediadores– que demuestran que la dictadura ha usado esas dos razones para ganar tiempo y mantenerse en el poder sin ceder en nada. Por el contrario: ha agudizado entretanto la crisis humanitaria, ha llenado las cárceles con prisioneros políticos, los asesinatos a opositores se ha hecho evidente y el desenfreno de actores de la dictadura, por ejemplo Diosdado Cabello, luce cada día más tétrico.
Una consulta popular en las circunstancias actuales luce tan absurda como inviable. Es imposible que los 19 países que ayer declararon ilegítimo el proceso electoral del 20 de Mayo, pongan en jaque su resolución y pidan a los venezolanos que adhieran a un proceso que saben viciado de raíz. Es imposible esperar que la dictadura organice una consulta transparente, genere condiciones equitativas para todos actores –incluido el dictador–, y acepte jueces imparciales. ¿Acaso no se sabe que el Consejo Nacional Electoral no solo está subordinado a la dictadura sin que es parte constitutiva de ella? ¿Quiénes en el gobierno de Moreno creen que Maduro aceptaría una consulta popular que, si fuera democrática y transparente, lo podrían fuera del poder? Si alguien lo piensa seriamente, significa que no conoce la naturaleza profunda del chavismo: no entregar, menos aún en las urnas, el poder.
La propuesta de Moreno, anunciada en la OEA, contraría enfáticamente la tesis, también esgrimida por Correa cuando le convenía, de no-injerencia en los asuntos internos de otros Estados. Se ha apertrechado tras ella bajo la coartada que debe aplicarla por mandato constitucional. En esa línea, el gobierno se ha permitido desconocer los acuerdos internacionales en materia de Derechos Humanos y la Doctrina Roldós, reconocida internacionalmente desde 1993, que en sustancia dice: la defensa de los Derechos Humanos es una obligación internacional, cuya acción conjunta para protegerlos no viola el principio de no-intervención.
La teoría de la no-injerencia ha servido para no condenar la dictadura, las violaciones diarias e incesantes de los Derechos Humanos, el hambre y la migración forzada por las condiciones económicas en Venezuela. Pues bien: ahora el gobierno da paso a una injerencia abierta. ¿O acaso –y siguiendo la lógica oficial hasta ahora evocada– no es injerencia desconocer un gobierno que salió de las urnas el 20 de mayo y pedir que que los electores lo ratifiquen o lo desconozcan en las urnas? Es evidente que es una injerencia. Pero esta vez esa propuesta puede ser leída, incluso por Caracas, como una boya que Maduro podría usar, como es su costumbre, para dilatar y seguir ganando tiempo.
La única noticia positiva que hay en el comunicado del presidente Moreno es que tampoco su gobierno considera legítimo el triunfo de Maduro el 20 de mayo. Es bien poco, visto el desfase que su gobierno tiene con los compromisos democráticos asumidos por su gobierno.
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