La deuda de la regalada gana al descubierto

Publicado en marzo 14, 2018  en La Info  por Martín Pallares

Ocultamiento, trampas, ilegalidades, abusos, negligencia, vivezas y la lista sigue. El proceso de endeudamiento del país, durante el gobierno de Rafael Correa, no fue únicamente descomunal e irresponsable, sino salpicado de todos los vicios legales y éticos imaginables.

De acuerdo al recuento hecho por la Contraloría, donde se leyó el informe preliminar sobre el endeudamiento del Estado desde el 1 de enero del 2012 al 24 de mayo del 2017 (el día en que se posesionó Lenín Moreno), el gobierno de Rafael Correa contrató créditos como le dio la regalada gana: sin controles, sin transparencia, sin apego a la ley, sin ética. Todo con tal de mantener la liquidez que exigía su modelo político sustentado en un inmenso gasto público.

De acuerdo al informe de Contraloría, que se leyó durante dos horas y media, este proceso de endeudamiento incluía desde un descarado operativo de ocultamiento de información, hasta la emisión de acuerdos ministeriales que permitieron manipular las cifras y así poder contratar más deuda de lo que es legalmente permitido.

Lo que hubo fue, en definitiva, un descontrolado y frenético esquema de endeudamiento en el que los funcionarios y hasta el propio Rafael Correa violaban las normas constitucionales y legales con tal de conseguir dinero fresco para solventar las necesidades del gobierno. En ese esquema incluso hubo mecanismos ordenados desde las más altas esferas del poder para convertir, de forma inconstitucional e ilegal, a empresas públicas como Petroecuador en agentes de contratación de préstamos y así satisfacer el insaciable apetito de dinero del gobierno. La legalidad había que torcerla, la transparencia había que eliminarla, la responsabilidad pública ignorarla y la ética pública borrarla del mapa.

Entre las cosas más llamativas e insólitas del informe está el operativo de ocultamiento de información. Según el equipo de auditoría de la Contraloría este operativo arrancó con unos decretos ministeriales inconstitucionales e ilegales emitidos el 2010 que declaró a toda la información existente sobre la deuda en un secreto de Estado.  Ese secretismo incluía un concepto que, a la luz de cualquier lógica y responsabilidad pública, es una ofensa a la inteligencia: la información debía permanecer en secreto hasta que haya concluido el pago del préstamo. ¿Si ya se pagó el préstamo qué sentido tiene ya saber las condiciones en que fue contratado?  Es más, si se toma en cuenta que hay créditos adquiridos con plazos de hasta 30 años, resulta que los responsables de su contratación muy posiblemente habrán muerto ya de viejos para entonces. Se trató, a todas luces, de un perverso mecanismo ideado para garantizar la impunidad de quienes contrataron la deuda.

Los mecanismos para mantener oculta la información incluyeron negativas y rodeos que son incompatibles con una administración pública responsable. Hubo, por ejemplo, reiteradas negativas de los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, entre ellos el ministro de Lenín Moreno, Carlos de la Torre, para entregar datos y documentos a los Contraloría.  Estas negativas incluyeron argumentos pueriles e inverosímiles según los cuales los contratos de los créditos incluían cláusulas de confidencialidad que, supuestamente, advierten que se dejará de entregar los fondos pactados si es que se hacen públicos las condiciones. Según ese razonamiento de los funcionrios del correísmo, había que ocultar la información para no perjudicar al país .

Llegó a tal punto el afán de mantener bajo siete llaves los términos de la contratación de la deuda que ni siquiera luego de una reunión que mantuvieron el ministro De la Torre y el contralor Pablo Celi se pudo conseguir toda la información pedida por el equipo auditor y, cuando fue entregada llegó sin copias certificadas y únicamente a finales de noviembre del 2017. A pesar de todo eso, De la Torre llegó a pedir una extensión del plazo para entregar la información de 45 días más, lo cual la Contraloría negó por lo absurdo del pedido.

Declarar secreta a la información de la deuda sobre la base de acuerdos completamente ilegales no fue lo único que ocurrió. Según Contraloría hubo al menos cinco otras irregularidades. Una de las más graves, porque involucra directamente al ex presidente Rafael Correa, es el que tiene que ver con la manipulación de la normativa para hacer el cálculo de cuánto es realmente la deuda y su relación con el Producto Interno Bruto. La Contraloría halló que el decreto presidencial 1218 firmado por Correa introdujo ilegalmente un mecanismo para calcular el monto de la deuda que dejaba de lado los créditos adquiridos a organismos del Estado, como el Biess o el Banco Central. Así se podía reducir el porcentaje de la deuda con relación al PIB. ¿Para qué hizo esto Correa? Para poder contratar deuda por encima del 40% del PIB que establece la ley. Además se evitaba la necesidad de que la Asamblea apruebe una reforma para aumentar ese techo legal de endeudamiento. Pero el decreto 1218 no solo servía para eso: con esa maniobra de Correa, ya no fue necesario publicar en los boletines de la deuda los créditos internos. Y así, a la ilegalidad se aumentó un aún mayor grado de opacidad.

El decreto 1218 logró que en lugar del 52,54 % del PIB que según la Contraloría alcanzaba la deuda al 31 de diciembre del 2016 se haya registrado un porcentale mejor al 40% del techo legal. A diciembre del 2016 se había acumulado un total de 50 550 millones de dólares de deuda.

El despelote en el manejo de la deuda incluía otras perlas. Por ejemplo, las operaciones de ventas anticipadas de petróleo que no se contabilizaron como contratación de deuda, en contra de toda lógica y normativa lega. Ese dinero, además, se destinó asimismo a darle más liquidez al Estado.

Petroecuador tampoco salió ileso de la catástrofe ética y legal en el manejo de la deuda. Por decisión del Gobierno se distorcionó y alteró las funciones que esa empresa tiene establecidas en la Constitución y la Ley y se lo convirtió en un organismo capaz de contratar deuda. En efecto, el gobierno de Correa trastocó el sentido de Petroecuador para que pueda contratar deuda externa con garantía del Estado ecuatoriano.

Como la cereza del pastel, el informe de Contraloría menciona el caos absoluto que existe en el Ministerio de Economía y Finanzas en la documentación de importantes operaciones de contratación de deuda, sobre todo con la China. La documentación está incompleta, no hay archivos, algunas ocasiones está duplicada, no hay traducción de documentos importantes, falta evidencia documental de muchos informes y no se cumple con la normativa que establece la Contraloría para el manejo de la documentación.

Cinco días tiene los involucrados en este tema para presentar sus justificativos.  Ahí estaba recogiendo el informe preliminar Alexis Mera, el abogado de Rafael Correa. Evidentemente, él tendrá que dar su versión sobre su participación en la gran orgía de la deuda que montó su gobierno.