Cordicom, Supercom y Secom: 194 millones para maldita la cosa

Publicado en febrero 15, 2018  en La Info  por Martín Pallares

“En marzo inicia el registro público de medios 2018”, advierte el anuncio colocado en su página web por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom. Con el anuncio, ese organismo de nomenclatura cuasi soviética, creado por la Ley de Comunicación, recuerda que todo el sistema de control y presión estatal montado durante el correato sobre los medios de comunicación y los periodistas sigue vivito y coleando y, además, listo para entrar en acción en cualquier momento. Si bien la agresividad desde el poder se ha desarticulado, el anuncio del Cordicom para que todos los medios entreguen su santo y seña al Estado es un campanazo que recuerda que toda la institucionalidad creada para mantener bajo el control y la vigilancia estatal a los medios de comunicación sigue vigente.

Con el anuncio del Cordicom, en todo caso, también provoca hacer otro tipo de ejercicios, como sumas y restas. ¿Cuánto le ha costado y le cuesta al contribuyente la existencia de aquellas instituciones sobre las que se asentó el sistema de control del correísmo a los medios, entre ellas el propio Cordicom? Según las cifras que están en los documentos de transparencia en las páginas web del Cordicom y la Supercom de Carlos Ochoa, la aprobación de la Ley de Comunicación no solo trajo, como costo, una cortapisa al desarrollo de una auténtica sociedad abierta y deliberante, sino que ocasionó un importante egreso económico. Esto sobre todo si se compara lo que ha costado en dinero la operación de esos organismos con la utilidad que han tenido para la sociedad. Si se suman los presupuestos de las dos organizaciones que se crearon con la Ley de Comunicación en el 2013, el Cordicom y la Supercom, se tiene que el país pagó para su operatividad al menos 76’121 916 dólares desde el 2014 hasta el 2017. En esos presupuestos se incluyen los sueldos de los funcionarios y los gastos que tuvieron para su operación. 

Esa cifra, en sí, puede no decir nada o puede decir mucho. Si el Cordicom y la Supercom fueran organismos indispensables para el desarrollo del país y la sociedad, quizá no fuera un monto desproporcionado. Pero ¿qué han hecho esos organismos emblemáticos del correísmo para que el Ecuador sea un mejor país de lo que era antes de su creación en el 2013?  ¿Ha valido la pena entregar 76 millones de los contribuyentes en los últimos cuatro años a esos dos organismos? Ambas instituciones, en realidad, fueron herramientas de presión que el presidente Rafael Correa usó para evitar que se desarrollara un sistema de comunicación pública que pudo haber sido crítica con su forma de ejercer el poder. En otras palabras, esos 76 millones y pico fueron útiles realmente para Correa y a todos aquellos que se beneficiaron de su ejercicio del poder sustentado en el silencio de los críticos.

Pero ese costo de la Supercom y el Cordicom no es el único que supone el funcionamiento del operativo de control y regulación de los medios de comunicación creado con la Ley de Comunicación. Está además la inmensa estructura de la Secretaría de Comunicación, Supercom, que fue montada por el correato y que se mantiene casi tal cual con el gobierno de Lenín Moreno. En efecto, si en el 2016, en pleno apogeo del correato, la Secom gastaba 4’616 743 dólares al año en sueldos y salarios de sus 270 burócratas, en el 2018 ha aumentado ligeramente: 280 empleados y un presupuesto para sueldos y salarios de 4’484 749 dólares anuales.

En total, si se suman los presupuestos de esa oficina adjunta a la Presidencia de la República de los último cuatro años se tiene un monto que resulta escalofriante: 118’071 742 dólares. Es un costo inmenso que el Estado tiene cada año que ingeniárselas para cubrirlo. Súmese eso a lo del Cordicom y Supercom y el resultado es de algo más de 194 millones. Y eso sin contar con lo que cuestan los medios públicos.

El aparato de propaganda y control de la comunicación que montó el correísmo se sustentaba en un gasto público sobre el que no había control ni pudor de los funcionarios. Lo curioso es, sin embargo, que ocho meses más tarde de concluido el gobierno de Rafael Correa, las cosas estén tal y como él las dejó. El contribuyente sigue financiando con sus recursos el aparato burocrático enquistado en los ahora inútiles Cordicom y Supercom y el gobierno de Lenín Moreno no ha hecho nada para replantear la estructura y funcionamiento de la Secom.  ¿Para qué tiene aproximadamente 300 funcionarios? ¿Justifica que la Presidencia de la República tenga una estructura de relaciones públicas así de grande cuando no hay que olvidar que los gobierno anteriores tenían oficinas de prensa que llegaban apenas a 30 ó 40 funcionarios? La Secom se hizo de acuerdo a la visión autoritaria y grandilocuente que de sí mismo tenía Rafael Correa: resulta incoherente que siga funcionando igual con Lenín Moreno.

El Cordicom ha advertido a los medios de comunicación que tienen hasta marzo para enviar todos sus datos. Se trata de un tipo muy particular de censo, porque en estricto rigor los medios son empresas que ya están registradas en la Superintendencia de Compañías. El registro es, entonces, una clarísima señal de que el Estado sigue haciendo uso de la normativa centralista y controladora que montaron Correa y sus palafreneros de la comunicación como son los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado.