Ser funcionario bajo el correísmo puede ser una pesadilla

Publicado en marzo 10, 2017  en La Info  por José Hernández

Una frontera divide a los funcionarios públicos del país en este momento: aquellos que están en su salsa haciendo campaña con fondos públicos y aquellos cuyo trabajo se ha vuelto una pesadilla. Algunos tienen que hacer cosas ilegales o inconfesables para no perder su trabajo: trucar cifras, salir a manifestar, ir a los mítines proselitistas, entregar dinero para la campaña, engañar a los ciudadanos… Los funcionarios (de carrera o bajo contrato) están viviendo –como nunca antes– lo que significa trabajar para un gobierno que se cree dueño del poder, del Estado y de sus cargos. Un gobierno que se cree autorizado a extorsionarlos y usarlos como militantes de la candidatura de Lenín Moreno.

En la administración, con particular énfasis en aquellos ministerios con vocación social (Inclusión Económica y Social o en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda…), la tensión y el desasosiego son mayúsculos. Allí los altos mandos son políticos; gente que debe sus cargos a Jorge Glas y a otros jerarcas del correísmo. Son ellos los que presionan, amenazan incluso, a los funcionarios (sobre todo a los que tienen contratos ocasionales) para que promocionen la candidatura correísta. No hay mucha creatividad en ese sentido. La gama se extiende desde los contratos firmados hasta mayo (si Lenín pierde, tú pierdes el trabajo), hasta un mensaje crudo y directo: muchos militantes de la Revolución Ciudadana quieren tu cargo. La misión de los ministerios, sobre todo con carácter social, es convertir la masa de usuarios de beneficios sociales en votos seguros para Moreno y Glas.

El objetivo no es simple: los técnicos saben que ya no hay plata para sustentar las promesas del autonombrado “binomio del pueblo”: creación de bonos, aumento de los existentes, pensiones ofrecidas a los abuelos, nuevos planes para madres hasta los mil días… Sin embargo, se engaña a los usuarios que buscan precisiones. Se llama a las personas que fueron sacadas de la lista de los beneficiarios del bono de desarrollo para decirles que serán reintroducidos. Se montan estrategias para ver cómo enganchan los usuarios al Plan Toda una Vida, anunciado por Moreno. Se dice a los beneficiarios que si Moreno no gana, Guillermo Lasso acabará con esas ayudas sociales. También con los planes en curso para tener casa. En suma, desde la primera vuelta hay técnicos y directores de distritos que tienen la espada de Damocles suspendida sobre sus cabezas. Y hay de decenas de miles de funcionarios cuyo contrato se ha ido extendiendo, incluso por fuera de los 24 meses contemplados en el artículo 58 de la Ley de Servicio Público, para atar su destino a los resultados electorales.

La órdenes que reciben son verbales pero como circulan documentos políticos y hay partidas extrapresupuestarias para la campaña, el correísmo se inventó otro mecanismo para evitar que esa información pueda ser conocida. Los “Acuerdos de confidencialidad” que los funcionarios son convidados a firmar. El mecanismo es sencillo: en los “antecedentes” del acuerdo, se les recuerda que la información es pública, salvo aquellas que las autoridades declaran “reservadas”. En ese caso, la Administración Pública establece esquemas de seguridad de la información. Eso significa una discrecionalidad absoluta para el responsable político sobre todos los procesos de una institución pública. Así, lo que la institución no publique de manera oficial, el funcionario no puede difundir, publicitar ni ceder por ningún medio. Ese es el cerrojo que el correísmo está extendiendo sobre algunas instituciones de la administración.

La mirada del Gran Hermano sobre los funcionarios, su conducta, su grado de confiabilidad y lealtad, con la mal llamada Revolución Ciudadana, es investigada por otros mecanismos. Hay evaluaciones que son supuestamente anónimas. Pero los funcionarios saben que están conectadas a sistemas informáticos que delatan quién las abre, las circula y las responde.

La plata es otra herramienta de control y de extorsión. Hay cuotas para cubrir la campaña y hay trucos para crear partidas extrapresupuestarias cuyo verdadero destino (la campaña) debe ser soslayado por los funcionarios. Puede ser ilegal pero si no obedecen, pierden su trabajo.
Ser funcionario bajo el correísmo, si no se es verdeflex, es una pesadilla.