El observador

Ecuador Involucran al Gobernador del Guayas en red de extorsión

En la denuncia también se implica a la Intendencia de Policía

La Fiscalía General del Estado investiga un caso de corrupción en la Intendencia de Policía del Guayas tras una denuncia en la que declaran que funcionarios de esa entidad habrían pedido miles de dólares por la reapertura de un local clausurado en la zona rosa de Guayaquil. El gobernador del Guayas, Julio César Quiñones, también está involucrado en el asunto, pide que se inicien las investigaciones.

La red de extorsión funcionaría en los locales y bares de esa zona que han sido clausurados o sancionados, así lo afirma la propietaria del bar “El Colonial” y representante de un grupo de negocios de ese sector, María José Salinas.

Ella presentó una denuncia en la fiscalía por el delito de extorsión. El caso está en el despacho de la fiscal, Lissette Posligua, de la Unidad de Patrimonio Ciudadano.
Se trata de una red que cobra dinero por la reapertura de locales de diversión nocturna. En ella estarían funcionarios de la Intendencia de Policía, incluso el gobernador del Guayas, Julio César Quiñónez, según Salinas.

Dijo que tiene grabaciones de audio y mensajes de texto en los que le piden USD 6.000 para ayudarla en la reapertura de su local mientras estuvo clausurado porque en su interior encontraron un arma de fuego.

“Entre el 26, 27, 28 de noviembre el Intendente Rafael Guerra clausuró alrededor de 300 establecimientos nocturnos, después de tres días recibido audios y captures, en la que me piden USD6.000, una intermediaria, porque en estos audios incluyen al señor Gobernador como parte de este equipo, al señor Intendente y al hijo del Intendente”, detalló.

Para el gobernador del Guayas esto es una sorpresa. Y afirma que no conocía del tema y que hasta ahora no tiene pruebas o indicios de alguna irregularidad entre sus colaboradores.

“Soy el primero en estar sumamente preocupado en que las investigaciones se aceleren dentro de la Fiscalía, se determine lo que se tenga que determinar, pero no vamos a seguir tolerando que por denuncias o por diálogos telefónicos de terceros, cuartos y quintos involucren a una institución tan seria como es la Gobernación, en este caso también la Intendencia de Policía”, dijo.

“Tiene que investigarse, estamos esperando el resultado de esta investigación, entiendo que el Intendente ha tomado las acciones pertinentes, una querella por calumnias, considero que el que nada debe, nada teme, tenemos que irnos hasta las últimas consecuencias”

Pero el abogado del bar “El Colonial”, Pablo Arellano, mencionó que continuarán con las acciones legales hasta que se descubra a todos los involucrados en esta supuesta red de extorsión.

“Que esto llegue a conocimiento del señor Presidente de la República, que tanto se ufana diciendo que es un gobierno de manos limpias, transparentes”, señaló.

Aunque Quiñónez dijo que será la justicia la que determine algún caso de corrupción, este tema, agrega, amerita una investigación casa adentro.

“Las posibilidades de que por ahí exista algún avivato que se tome un nombre o que diga que viene de parte de alguien para poder pedir dinero o poder extorsionar”, comentó.
El intendente, Rafael Guerra, no se ha pronunciado públicamente respecto a las acusaciones en su contra.

La otra persona involucrada en la investigación es Martha C. miembro de un grupo afín a Alianza PAIS.