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martes, 31 de marzo de 2026

 MUCHAS LLUVIAS, POCA DEMOCRACIA

Las elecciones seccionales, inicialmente previstas para febrero de 2027, se adelantaron al 29 de noviembre de 2026. Esa decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), tan tramposa como conveniente, pronostica muchas lluvias y poca democracia.
Cabe recordar, los ecuatorianos sufragaron sin anticipos ni postergaciones: en medios de crisis económicas y políticas prolongadas, amenazados por el conflicto armado reciente, afectados por los apagones y hasta durante la pandemia. Todas esas elecciones, aunque no siempre limpias, tuvieron una participación popular mayoritaria.
Ningún modelo climatológico del mundo puede prever lluvias con más de diez meses de anticipación. La decisión de Noboa y del CNE, liderado por Diana Atamaint, carece de sustento científico: no existe instrumento meteorológico que justifique mover el calendario electoral. Por eso no es una medida técnica, es un fraude anticipado.
Detrás del cuento de las inundaciones hay mucha conveniencia. El cumplimiento de las órdenes dictadas desde Carondelet favorece al partido del gobierno, transgrede los procesos de democracia interna de los partidos y organizaciones políticas, limita los acuerdos y alianzas, reduce la promoción electoral e induce a un voto desinformado.
Pero este no es el único vicio. Las maniobras de Noboa, el servilismo de Atamaint y los consejeros prorrogados del CNE comenzaron por proscribir la participación política de la oposición: Hay alcaldes presos y perseguidos por fiscalía, partidos suspendidos y unos cuantos – como Unidad Popular – ilegalmente en proceso de cancelación. Todo apunta a un apagón democrático y a la consolidación del autoritarismo.
Al fin y al cabo, el fraude más sofisticado no es el que ocurre en las urnas, sino el que se ejecuta antes que las urnas existan.
Es un momento crítico. La erosión de las libertades está conduciendo al país peligrosamente hacia una dictadura plebiscitaria, hacia una autocracia, en la cual sólo priman los intereses del dueño del Ecuador, entre alabanzas de su séquito de aplaudidores adiestrados y la complacencia del titiritero Donald Trump.
Ecuador merece elecciones limpias, en su fecha, sin proscripción de opositores, con árbitros neutrales. Es el pueblo quien debe decidir.
Francisco Escandón Guevara


 Estas son las causas por las que investigan a los alcaldes de las 3 ciudades principales de Ecuador

Pabel Muñoz, Aquiles Alvarez y Cristian Zamora, alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca, son investigador por la FGE por distintas causas.

Los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca, Pabel Muñoz, Aquiles Alvarez y Cristian Zamora, respectivamente, enfrentan investigaciones por presuntos delitos que van desde irregularidades en contratación pública hasta delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito.   

Las causas que involucran a los alcaldes de las tres principales ciudades del país se encuentran en desarrollo y en distintas etapas procesales. En todos los casos, las diligencias forman parte de investigaciones impulsadas por la Fiscalía General del Estado, algunas de ellas abiertas de oficio.

En varios de estos casos, la Fiscalía ha iniciado actuaciones de oficio o a partir de informes de entidades como la Contraloría, en el marco de su competencia constitucional.

A continuación un detalle de los casos en los que se investiga a los tres alcaldes

Quito: investigación por contratación en transporte municipal

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, es investigado dentro de un proceso relacionado con la adquisición de 60 unidades de trolebuses eléctricos.

El funcionario acudió a rendir su versión ante la Fiscalía el pasado 24 de marzo de 2026, como parte de una indagación previa sobre posibles irregularidades en este proceso de contratación pública.

Hasta este lunes 30 de marzo del 2026, la investigación se mantiene en fase preliminar y no se han informado cargos formales. El caso se enmarca en las competencias de la Fiscalía de iniciar investigaciones de oficio o a partir de alertas de entidades de control sobre contratación estatal.

Guayaquil: delincuencia organizada, lavado de activos y combustibles

En Guayaquil, el alcalde Aquiles Alvarez enfrenta varios procesos penales. El principal es el denominado caso “Goleada”, en el que la Fiscalía investiga una presunta estructura de delincuencia organizada vinculada a lavado de activos y defraudación tributaria.

Por este caso, Alvarez fue detenido en febrero de 2026 junto a sus hermanos Xavier y Antonio, y otras 11 personas más que estarían presuntamente involucrados en el caso. El alcalde cumple prisión preventiva en la cárcel de El Encuentro, mientras duran las investigaciones en este caso.






De forma paralela, el alcalde también ha sido vinculado a otro expediente conocido como caso “Triple A”, relacionado con la presunta comercialización ilegal de combustibles, actividad que habría ocurrido antes de asumir funciones municipales.

Por este caso el burgomaestre inicialmente recibió medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Sin embargo, un juez le dictó cárcel por incumplimiento.

Cuenca: presunto enriquecimiento ilícito

En Cuenca, el alcalde Cristian Zamora es investigado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

La Fiscalía General del Estado ejecutó allanamientos en su vivienda en marzo de 2026 tanto en la Alcaldía como en su vivienda, dentro de una investigación previa que busca determinar un posible incremento patrimonial no justificado.

De acuerdo con la información oficial, durante los operativos se recabaron indicios como dispositivos electrónicos y documentos.

La indagación se habría originado tras información remitida por la Contraloría General del Estado. El proceso se encuentra en etapa inicial y no se han anunciado medidas cautelares en su contra.






 QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO

Por Jaime Cedillo F.
"5 MILLONES 807 MIL DÓLARES DEBE PAGAR LA EMOV AL CONSORCIO MOVIL TECHNOLOGY PARA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO"
El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, dice que ama a la ciudad, pero la endeuda para premiar económicamente a una empresa corrupta y lesiva, que instaló fotorrradares para "meter la mano" en los bolsillos de los ciudadanos.
Zamora en campaña y ya en el cargo, vociferó sobre las ganancias millonarias que obtendría la empresa que se sacó la lotería, gracias a un proceso plagado de irregularidades, tal como denunció en varias oportunidades, demostrando ante los medios de comunicación, frente a la pizarra, con números, la rentabilidad del intermediario. "Tengo toda la documentación legal y técnica para demostrar que el contrato es corrupto y lesivo", decía. "Sólo entre marzo y abril de este año, las ganancias alcanzaron los 400 mil dólares, y han facturado cerca de 4 millones", declaraba el gerente de la EMOV, Darío Ordóñez.
Por su parte, el concejal Gustavo Valencia, de la Comisión de Movilidad, que resultó electo en la lista de Zamora, declaró que es un "proceso viciado de defectos y corrupción; que no debemos los cuencanos indemnizar a la empresa, porque es un perjuicio para la ciudad".
Cómo es posible que la administración municipal haya acordado cancelar una suma millonaria a la empresa "corrupta", y jactarse de que ha cumplido con la promesa de campaña, montando un show cínico y de mal gusto, como una forma burda de mofarse de los ciudadanos; cuando lo honesto era de que presente la documentación en la Contraloría General del Estado, para que proceda con el análisis de manera inmediata; a la vez, la denuncia ante la Fiscalía para que investigue, y si comprobare que se ha cometido un delito, los autores y cómplices sean enjuiciados penalmente. A la corrupción no se la recompensa, se la castiga de manera ejemplar.
Desde esta trinchera de El Observador, medio de comunicación, que no se compra ni se vende, hacemos un llamado a las instituciones y autoridades, llamadas a velar por la transparencia, honestidad y cuidado de los sagrados recursos públicos, para que procedan de manera urgente, sin contemplaciones, y paren este monumental atraco a la ciudad Patrimonial, cometido con descaro y desparpajo.
"NUNCA JUZGUES AL HONESTO POR LA CRUDEZA DE SUS VERDADES; MEJOR CUÍDATE DEL HIPÓCRITA POR LA DULZURA DE SUS MENTIRAS".
EL OBSERVADOR
AGOSTO 2023


 DEMANDANTE Y FUNCIONARIA MUNICIPAL.

30/01/2024 16:22 ENVIO DEL PROCESO A CORTE NACIONAL (RAZON)
RAZON: Siento como tal que el día de hoy remití a través de la oficina de envío de correspondencia de la Dirección Provincial del
Consejo de la Judicatura del Azuay el Juicio Contencioso Administrativo No. 01803-2021-00345, seguido por los señores MARIA DEL CONSUELO ORELLANA PACHECO Y JAVIER EFRAIN GALINDO GALINDO, en contra del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cuenca en las personas de su Alcalde y Procurador Síndico, y la Procuraduría General del Estado en la persona de su Directora Regional en esta ciudad; proceso que se remite en (5744) fojas contenidas en (60) cuerpos con Of. N°. 00041- TDCAC-2024, para su envío a la SECRETARIA RELATORA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE
NACIONAL DE JUSTICIA.



 NI LA "GUGA" AYALA SE ATREVIÓ A TANTO


 BOMBA EN BRASIL: El "Lulagate" previsional que podría devolver al "dictador" a la cárcel

Brasil contiene la respiración ante lo que se perfila como el escándalo de corrupción más devastador de su historia reciente, un terremoto político que amenaza con derrumbar el actual gobierno.
La noticia es URGENTE y está haciendo temblar los cimientos del Palacio del Planalto: desde la frialdad de su celda, el banquero Daniel Vorcaro ha comenzado a "cantar", y sus revelaciones apuntan directamente al corazón del poder, amenazando con arrastrar al dictador Lula da Silva de vuelta a prisión.
La trama, bautizada mediáticamente como el caso "Master", no es un simple desvío de fondos; es un saqueo sistemático a la dignidad de los trabajadores brasileños. Vorcaro, acusado de un fraude colosal de $7.600 millones de dólares, se encuentra en avanzadas negociaciones de colaboración con los fiscales federales.
El botín total bajo investigación asciende a la astronómica cifra de 10.900 millones de dólares, dinero que presuntamente fue drenado del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS).
El mecanismo del robo al pueblo
Según las investigaciones, la organización criminal operaba mediante una sofisticada estructura financiera que manipulaba datos y simulaba solvencia para desviar fondos destinados al sistema previsional. Es decir, se robaron el dinero de las jubilaciones y pensiones de los brasileños más vulnerables para enriquecer a una élite corrupta.
Lo que convierte esta situación en un polvorín político es que Vorcaro no solo posee las pruebas del fraude, sino que tiene los nombres de quienes autorizaron y se beneficiaron del esquema. Y el nombre que más resuena en los pasillos de la justicia es el de Luiz Inácio Lula da Silva.
El círculo íntimo en la mira y el retorno de la pesadilla
La onda expansiva de la colaboración de Vorcaro no se detiene en el presidente. La investigación ya alcanza vínculos comprometedores con empresas de Fabio Luis Lula da Silva, alias "Lulinha", hijo del mandatario, y salpica peligrosamente al exministro de Justicia, Ricardo Lewandowski. La tesis de los fiscales es aterradora por su simplicidad: una red mafiosa que operaba con la venia y protección del más alto nivel del Estado.
Para el pueblo brasileño, esto representa la reaparición de una pesadilla que se creía superada tras el escándalo del Lava Jato. El acuerdo de colaboración que negocia el banquero preso podría implicar directamente al dictador brasileño en el mayor escándalo de corrupción previsional jamás registrado. Las pruebas que Vorcaro promete entregar podrían abrir la puerta a nuevas y contundentes imputaciones judiciales que harían inevitable su regreso a prisión.
Brasil se encuentra en una encrucijada histórica. Si la justicia avanza sin interferencias políticas, este caso no solo definirá el futuro de Lula da Silva, sino la integridad misma de la democracia brasileña ante el saqueo de lo público. La tensión es máxima y el desenlace, inminente.


 Alcibiades Onofre 

BAJO LA LUPA: COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN ACUSA AL CNE DE MANIPULAR EL JUEGO POLÍTICO EN ECUADOR.
La Comisión Anticorrupción encendió la alerta sobre el papel del Consejo Nacional Electoral, al señalar que su actuación estaría afectando el equilibrio democrático en el país.
A través de un pronunciamiento, el organismo cuestionó que el ente electoral estaría manejando los tiempos del proceso, judicializando a actores políticos y configurando un escenario que podría dejar fuera a ciertos sectores.
Según la Comisión, estas decisiones se dan en medio de lo que califican como una “autoprórroga arbitraria”, lo que, advierten, debilita aún más la ya frágil institucionalidad democrática.
El pronunciamiento también insiste en que limitar la participación política y el debate de ideas abre la puerta a escenarios excluyentes y riesgos de autoritarismo.
Mientras el país se encamina a nuevos procesos electorales, crecen las tensiones sobre el rol del organismo que debe garantizar reglas claras para todos.



 Sergio Manuel Vintimilla Cardenas

Editorial de Felipe Rodríguez desnuda la farsa del concurso para Fiscal General y el pulso entre poder político y crimen organizado
El columnista y abogado penalista Felipe Rodríguez Moreno publicó un editorial en Primicias que expone, con crudeza, la supuesta realidad detrás del concurso para Fiscal General del Estado: un escenario donde los finalistas ya estarían decididos antes de iniciadas las postulaciones y donde el poder político y el crimen organizado pugnan por imponer sus candidatos.
Rodríguez describe un panorama que va más allá de la política tradicional: el abogado honesto que se atreva a competir enfrenta riesgos extremos, desde ataques reputacionales hasta amenazas directas a su vida, mientras los candidatos alineados con intereses poderosos garantizan su avance. Según el editorial, la seguridad de los postulantes es prácticamente nula, lo que convierte al concurso en un “juego suicida” para quienes buscan mantener independencia e integridad.
El autor enfatiza que esta disputa no es solo un choque entre legalidad y corrupción, sino una elección forzada para la ciudadanía: aceptar una justicia politizada o un Estado permeado por intereses criminales. Rodríguez cuestiona la normalización de la impunidad y la pasividad ciudadana ante estas prácticas, describiendo a los ecuatorianos como “impávidos, inertes y frígidos” frente a la vulneración de instituciones clave.
El editorial concluye con un llamado irónico y provocador a la sociedad y a los actores políticos: reconocer la magnitud del conflicto y la amenaza que representa para la independencia judicial, mientras la función pública sigue en juego en una especie de “función” donde la ciudadanía observa.


 DESTRUYEN CASAS PATRIMONIALES

EN EL CENTRO HISTÓRICO DE CUENCA.
Por Jaime Cedillo F.
Cuenca, reconocida por la UNESCO desde 1999, enfrenta riesgos de perder su estatus de Patrimonio Cultural de la Humanidad debido a la falta de un Plan de Gestión del Centro Histórico actualizado.
La UNESCO realiza evaluaciones periódicas a fin de comprobar la aplicación del plan de manejo que garantiza la permanencia de ese bien, decía Hernán Crespo Toral, allá por el año 2003, respondiendo las inquietudes de El Observador, sobre los atentados que se venían dando al patrimonio de la ciudad, apenas designada como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Al constatar que un bien puede sufrir modificaciones que alteren sus características de originalidad y autenticidad puede retirarlo de la lista del patrimonio mundial, o declararlo bien en peligro.
Intervenir en bienes culturales trae inmensas responsabilidades. Los bienes patrimoniales no son renovables; por lo mismo, antes de tocarlos no sólo que conviene conformar equipos interdisciplinarios de técnicos, científicos y expertos en historia del arte y de la cultura, sino que se debe consultar y poner al tanto a la comunidad.
Los bienes culturales no pueden ser motivo de experimentaciones sensacionalistas o de manejo poco serios.
La arquitectura es verdadera mientras haya una relación profunda entre el espacio interior y la fachada Si vaciamos el contenido y dejamos la fachada, estamos frente a una MENTIRA CERDOSA.
Qué vamos a dejar a nuestros hijos, preguntaba Hernán Crespo Toral: una especie de falsificación. La declaratoria es una obligación de conservar los bienes de la ciudad que es un ente vivo. Si se hacen intervenciones en el Centro Histórico, tienen que haber normas éticas en la intervención.
Desde 1999 (diciembre) año de la declaratoria del Centro Histórico de Cuenca, como Patrimonio Cultural de la Humanidad, cuántos inmuebles se han destruído con la nefasta complicidad de las administraciones municipales, y el silencio de instituciones públicas y privadas, que por conveniencias políticas, por negocios económicos, por intercambio de favores, por contratos de consultorías y otras prebendas más, han jugado el papel de ciegos, sordos y mudos. La lista de la infamia es larga y dolorosa.
Sobre la reciente demolición de dos inmuebles más, bellos, incomparables, históricos, joyas culturales de la ciudad; conversamos con el doctor Felipe Díaz Heredia, autor de esa extraordinaria obra de investigación: " Epigrafía y Escultura Patrimonial de Cuenca", ciudadano, como pocos, que ha dedicado sus mejores años a defender a Cuenca y su invaluable patrimonio cultural.
Doctor Díaz, qué criterio le merece esta nueva acción perversa que han cometido, entre gallos y media noche, los enemigos del patrimonio cultural edificado en el corazón de la ciudad?
Las casas patrimoniales de Cuenca se desploman una tras otra en pleno Centro Histórico, no por accidente ni fatalidad, sino por el abandono deliberado y la negligencia criminal de los funcionarios de Áreas Históricas del Municipio. Cada derrumbe es una prueba del fracaso institucional y del desprecio absoluto por la memoria de la ciudad.
A esta situación se suma —con honrosas excepciones— el silencio de ciertos medios de comunicación que han renunciado a su deber de informar y fiscalizar para convertirse en espectadores mudos de una tragedia anunciada. Su silencio no es inocente: legitima la
destrucción.
Esta inacción institucional y periodística no solo permite, sino que facilita la desaparición progresiva del patrimonio arquitectónico y escultórico de Cuenca. Es un daño irreparable, cometido a plena luz del día, con responsables claros y con un silencio que ya no es omisión, sino complicidad. Cada inmueble que cae es una acusación directa contra quienes, teniendo la obligación de protegerlo, prefirieron mirar a otro lado. ¿Y qué más falta para reaccionar?
Y, la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales del Municipio de Cuenca, qué papel juega?
Una profunda preocupación ciudadana respecto a la grave inoperancia de la Dirección General de Áreas Históricas y Patrimoniales de Cuenca en relación con la conservación, mantenimiento y protección del patrimonio arquitectónico, escultórico y material de nuestra ciudad.
Han permitido la demolición casi total de la casa que perteneció a la familia Díaz Cueva, un inmueble que data de la década de 1850 y que formaba parte del tejido histórico del centro de Cuenca. La propiedad ubicaba frente a la antigua Clínica Vega, en la calle Bolívar, entre Padre Aguirre y General Torres, en un sector de alto valor patrimonial.
El inmueble tuvo como propietario original al filántropo Tadeo Torres, quien destinó su legado económico al amparo de niños huérfanos y ancianos desprotegidos. Posteriormente, la casona
fue adquirida por don David Díaz Mosquera, importador de mercaderías europeas, hijo político del doctor Mariano Cueva Vallejo, quien se desempeñó como Vicepresidente de la República,
Presidente de la Corte Nacional de Justicia, Segundo Rector de la Universidad de Cuenca y primer Decano de la Facultad de Jurisprudencia. En esta residencia vivió sus últimos años el
doctor Mariano Cueva Vallejo. Casa que se encontraba en perfecto estado de conservación.
Asimismo, en esta casa nació el doctor Miguel Díaz Cueva, reconocido como paladín de la justicia, motivo por el cual existe una placa epigráfica de bronce en el frontis del inmueble, testimonio material de su relevancia histórica, colocada en 1984
Sólo han dejado el frontis, son las mentiras cerdosas, como decía Hernán Crespo?
La desaparición interna y posterior (solo quedó el frontis) de esta casona lo hizo el arquitecto Claudio Ullauri según información del Arquitecto Juan Izquierdo. Tras la adquisición por el señor Vera Vázquez compró adicionalmente otro inmueble colindante en la calle Padre Aguirre, desde donde se procedió a la demolición interna de la casona. Este caso no es aislado.
Hay una segunda casa patrimonial destruída en la calle Juan Jaramillo?
Situaciones similares han ocurrido con la casa Carrasco (ubicada en las calles Juan Jaramillo y Luis Cordero) y la casa Vintimilla, situada en la calle Hermano Miguel, inventariada como patrimonio por encontrarse dentro de los límites históricos de la ciudad,
anterior a 1872 y de características vernáculas.
La demolición, destrucción, no constituye únicamente la pérdida de una estructura física, sino un atentado directo contra la memoria histórica de la ciudad. Resulta alarmante que, pese al valor histórico y simbólico de estos inmuebles, las autoridades competentes no hayan actuado con la diligencia necesaria para garantizar su preservación. Esta reiterada falta de acción evidencia un preocupante patrón de desprotección institucional que pone en riesgo el legado cultural que identifica y da sentido a nuestra ciudad.
Qué le parece la poco o nula intervención de entidades como el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, las facultades de arquitectura de las universidades, el Concejo Cantonal, sobre este política de dejar hacer, dejar pasar?
El punto central de mi pronunciamiento Jaime es abrir un debate serio y responsable sobre la verdadera función y el accionar de la Dirección de Áreas Históricas del Municipio de Cuenca,
frente a la pérdida sistemática de inmuebles patrimoniales en nuestra ciudad desde hace muchos años.
Lo que se percibe, lamentablemente, es que la actuación institucional se ha reducido a un enfoque meramente sancionatorio y recaudatorio: se derriba una casa patrimonial, se impone
una multa, se paga la sanción económica y el asunto se da por concluido. Sin embargo, la pregunta de fondo es inevitable: ¿es esa la finalidad de una entidad creada para proteger el patrimonio histórico?
Pobre el rol de la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales?
Entendemos que la función esencial de Áreas Históricas debería ser preventiva antes que punitiva. Su rol no puede limitarse a registrar demoliciones consumadas y aplicar sanciones económicas. Por el contrario, su misión institucional —según el espíritu mismo de la normativa patrimonial— debe orientarse a velar por la conservación de la arquitectura vernácula y patrimonial, supervisar el mantenimiento adecuado de los inmuebles protegidos, promover su restauración, acompañar técnicamente a los propietarios y, sobre todo, evitar que las edificaciones históricas lleguen al punto de deterioro o demolición.
Cuando varias casas patrimoniales desaparecen de manera reiterada, no estamos frente a hechos aislados, sino ante un posible patrón de omisión institucional. La pérdida de estos bienes no puede considerarse un daño reparable únicamente con una multa, porque el patrimonio histórico no es sustituible ni cuantificable en términos económicos. Una vez demolido, el legado cultural desaparece de forma irreversible.
Un llamado a la reflexión, nunca es tarde?
El debate que propongo no es un ataque personal ni político; es un llamado a la reflexión ciudadana. Resulta legítimo preguntarse si la Dirección de Áreas Históricas está cumpliendo eficazmente con su mandato o si, por el contrario, existe una preocupante inoperancia que está permitiendo el progresivo debilitamiento del centro histórico.
Si la función de la institución es proteger, conservar y prevenir, entonces debe rendir cuentas claras sobre los mecanismos de control, seguimiento y acompañamiento que aplica. Pero si en
la práctica su intervención se limita a sancionar cuando el daño ya está consumado, estamos ante una falla estructural que debe ser revisada con urgencia.
Mi intención es sensibilizar tanto a la ciudadanía como a los medios de comunicación para que este tema no pase inadvertido.
El patrimonio cultural pertenece a todos y su defensa no puede
depender únicamente de trámites administrativos o de sanciones posteriores. Se requiere una política activa, transparente y eficaz.
"Cuenca merece más que buenas intenciones. De a poco se ha ido lesionando la imagen colonial".
Honorato Carvallo
Fotos: Felipe Díaz Heredia



 

Mono Guayaco LCF !...
Seguiré repitiendo hasta el cansancio, el prófugo de #RafaelCorrea nunca formó un partido político, lo que conformo fue un Cartel Criminal, solo tienen que hacerse 4 preguntas: 1.- ¿Donde están todos sus candidatos principales? 2.- ¿Como viven sus candidatos y alto buró político fugado? 3.- ¿Quien financió los cerca de 100 millones de dólares de sus últimas tres campañas electorales? 4.- ¿Desde la Asamblea y desde sus medios afines, a quién han defendido más, a la Patria o a las mafias?