El sismo de Manabí vuelve para cobrar cuentas a Carlos de la Torre

Publicado en septiembre 6, 2018  en La Info  por Martín Pallares

El desvío que se hizo de los fondos recaudados para remediar los efectos del terremoto de abril del 2016 es una de las estafas públicas más grandes de la historia moderna del Ecuador. Obligar a la gente a entregar dinero, diciéndole que va a ser usado en la reparación de una tragedia humana y usarlo en otros asuntos es criminal, peor aún cuando para recaudar el dinero se utilizaron todas las capacidades coercitivas del Estado.

Solo de lo que se sabe, al menos 500 millones de dólares que se recaudaron con la Ley de Solidaridad que se aprobó luego del sismo no fueron usados en aquello que se dijo y que la ley obligaba. De esa cantidad, 120 millones de dólares fueron oficialmente desviados durante el gobierno de Rafael Correa mediante un acto administrativo del entonces ministro y actual asesor de Nicolás Maduro, Patricio Rivera. Luego, en el gobierno de Lenín Moreno otros 300 millones fueron transferidos por el ministro Carlos de la Torre a una cuenta distinta a la de la reparación de los daños del sismo para cubrir gasto corriente del gobierno. Hay que agregar casi 80 millones de dólares que, según informes de Contraloría, se destinaron a pagos que no tenían ninguna relación con el sismo. Entre esos, el puente sobre el río Mataje en la frontera con Colombia.

La estafa, hasta ahora, ha sido impune. Aunque se trata de una violación monumental a la Ley de Solidaridad y una traición a una sociedad que fue obligada a entregar dinero aprovechando incluso su vulnerabilidad emocional por la tragedia, no ha habido ninguna decisión institucional para sancionar a los responsables. Sin embargo, la posibilidad de que el silencio, que ha habido en la conversación nacional sobre esta estafa pública, pueda ser alterado ha aparecido. Se trata del juicio político que la Asamblea Nacional ha calificado contra Carlos de la Torre, precisamente por su decisión de desviar 300 millones de dólares.

Luego de que durante siete meses, en los que el correísmo y el morenismo lograron dilatar el juicio a De la Torre, finalmente la Comisión de Fiscalización calificó el proceso que fue planteado por Tanlly Vera, asambleísta de CREO por Manabí. La legisladora sostiene que durante siete meses, el correísmo y el morenismo lograron bloquear el juicio y que en ese esfuerzo fueron clave el ex presidente de la Asamblea José Serrano y el vicepresidente Carlos Bergman, también manabita como Vera.

El juicio es un ejercicio prácticamente inútil desde el punto de vista práctico o procesal. De la Torre ya no es ministro y la censura, si llega a haber, no lo hará perder el cargo, peor aún le obligará a responder ante la la justicia. Es posible que ni siquiera esté presente cuando se inicie el juicio e incluso que no dé las explicaciones que se esperan sobre lo que hizo. Sin embargo, el juicio puede llegar a ser una ventana para que esa estafa colectiva sea discutida por la sociedad, al menos por una parte de ella.

Según la asambleísta Tanlly Vera las pruebas madre para hacer el juicio son dos: una declaración de De la Torre ante la Comisión de Fiscalización en la que justificó la transferencia afirmando que fue hecha porque los fondos estaban “ociosos” ya que no había obras en ejecución.  Y una carta enviada a los medios manabitas por Carlos Bernal, encargado de los trabajos de reconstrucción, en la que aseguró que no se podía hacen más obras para los perjudicados por el terremoto ya que no había dinero.

Si bien las pruebas de las que habla la asambleísta sostienen el proceso, lo cierto es que los hechos son contundentes: en enero del 2018 Carlos de la Torre informó públicamente que a finales del 2017 había dispuesto que 300 millones del fondo creado con el dinero recaudado con la Ley de Solidaridad se transfieran a la cuenta única del Tesoro. Según esa ley, “los recursos netos obtenidos de las contribuciones creadas en esta ley se registrarán en la cuenta específica del Presupuesto General del estado para la construcción, reconstrucción y reactivación productiva”.

De la Torre no solo violó olímpicamente la Ley sino que cometió una evidente estafa pública, al igual que lo hizo su predecesor Patricio Rivera con 120 millones de dólares. En el caso de Rivera, al menos hay un informe de Contraloría que establece que, efectivamente, se violó la ley al destinar ese dinero a actividades ajenas a las reconstrucción. “El Ministro de Finanzas autorizó la transferencia de 120 millones de dólares a la cuenta 01110006 CCU-MIN Economía Cuenta Corriente Única y según explicación de la Viceministra de Finanzas, esta se realizó con el fin de ubicar dichos recursos en las entidades financieras públicas, a efecto de compensar los valores que hayan colocado a las entidades del Financiero Nacional, para operaciones de :rédito en actividades productivas, construcción, vivienda, microcrédito, o educación”: esto sostiene el informe de Contraloría del cual muy poco se ha hablado en medios y redes sociales.

Carlos de la Torre fue nombrado al inicio del gobierno de Lenín Moreno para que continúe con la política económica del correísmo y tape lo que sus amigos y predecesores hicieron en el Ministerio de Finanzas. Curiosamente el sismo, del 16 de abril del 2016, regresa para volverlo a trepar al escenario público donde tiene que dar explicaciones por sus acciones y omisiones.